La sanción se impuso por agresiones verbales a la fuerza pública y por convocar protestas que afectaron la movilidad en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de suspender e inhabilitar por 14 meses al concejal de Bogotá Julián Forero Castelblanco, conocido popularmente como “Fuchi”, luego de comprobar que incurrió en faltas disciplinarias graves durante el ejercicio de su cargo. La sanción prohíbe a Forero participar en funciones públicas o cargos de elección popular durante el tiempo que dure la medida, representando un duro golpe para su carrera política.
El fallo disciplinario detalla que el concejal agredió verbalmente a uniformados de la Policía Nacional durante un control de tránsito en la avenida carrera 68, lanzando insultos como “perro” y “gamín”. Estos actos fueron calificados por la Procuraduría como un desconocimiento de los deberes de respeto y decoro que debe mantener cualquier servidor público.
Además de las agresiones verbales, Forero promovió y convocó protestas de motociclistas y taxistas el 16 de septiembre de 2025, que generaron bloqueos significativos en varias vías de la ciudad. La Procuraduría señaló que estas acciones alteraron el orden público, afectaron la movilidad de miles de ciudadanos y demostraron una conducta deliberada e intencional por parte del cabildante.
La investigación disciplinaria se abrió tras la presentación de múltiples denuncias ciudadanas y reportes oficiales de la Policía, que evidenciaban la participación activa de Forero en la organización de los bloqueos. En su fallo, la Procuraduría destacó que el concejal no solo hizo uso indebido de su investidura, sino que también puso en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Bogotá.
La sanción impuesta por la Procuraduría puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Sin embargo, mientras se resuelva cualquier recurso, el concejal queda impedido de ejercer cualquier función pública o participar en elecciones, una medida que podría marcar un antes y un después en su trayectoria política.
Analistas políticos han señalado que la decisión refleja un mensaje claro de las autoridades sobre la necesidad de que los funcionarios respeten la ley y actúen dentro del marco institucional, evitando acciones que puedan afectar el orden público o la convivencia ciudadana.
Con esta medida, la Procuraduría busca reforzar la responsabilidad de los servidores públicos y enviar un mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de mantener el respeto hacia la fuerza pública y las normas que rigen la ciudad.
