Olmedo López y Sneyder Pinilla deben contar todo lo que saben, incluidos los nombres de congresistas, alcaldes, funcionarios del congreso y contratistas que han sido mencionados en el escándalo de los carrotanques.

La clave para conocer la magnitud de las consecuencias que podría tener el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) en el Gobierno del presidente Gustavo Petro la tienen en sus manos el exdirector de esa entidad Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla.

Más allá de la efervescencia mediática que hasta ahora han tenido sus declaraciones, será determinante que ellos, que prometen ser los “ventiladores” en este caso, suministren elementos materiales probatorios sólidos que sustenten las graves acusaciones que están haciendo en contra de ministros, altos funcionarios del Gobierno, congresistas y contratistas.

De las declaraciones de López y de Pinilla, es claro que confirman que detrás del contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira y en otros contratos como el de las ollas comunitarias hubo un claro mecanismo de corrupción en el que miles de millones de pesos del presupuesto nacional terminaron desviados en bolsillos de particulares.

Lo que la justicia debe determinar, a través de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, es si esos dineros desviados de los contratos de la Unidad para la Gestión de Riesgo terminaron únicamente engrosando el patrimonio de contratistas y algunos funcionarios de segundo nivel, o si, como lo afirman Olmedo López y Sneyder Pinilla, al menos 4.000 millones de pesos de la corrupción habrían sido usados para “comprar” los votos de 15 congresistas para que apoyaran las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, por órdenes superiores.

En ambos escenarios las consecuencias son graves, pero, en el segundo caso, si eso llegara a confirmarse, estaríamos ante un escándalo comparable con casos similares en los que el ejecutivo por medio de prebendas ha cambiado la voluntad de los congresistas, como el caso de la “yidispolítica”, que abrió la puerta a la reelección del expresidente Álvaro Uribe.

Entre los nombres que han mencionado López y Pinilla como presuntos partícipes del entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo aparecen el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el exdirector del DAPRE y hoy Director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, la exalta consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz y el exzar anticorrupción del Gobierno, Andrés Idárraga, todos ellos pertenecientes al círculo de funcionarios más cercano al Presidente Gustavo Petro, quien ha intentado desmarcarse del escándalo, asegurando que se trató de corrupción de particulares, sin que tuviera un posible fin político para favorecer las iniciativas de su gobierno.

La otra parte de la historia que hasta ahora conocemos estaría relacionada con los presuntos receptores de los 4.000 millones de pesos iniciales, supuestamente girados por orden de altos funcionarios del gobierno para sacar adelante sus reformas: se trata ni más ni menos que de los actuales presidentes de Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, quienes por medio de unos lacónicos comunicados, negaron el fin de semana su participación en el escándalo.

No pareciera sencillo que dos funcionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla se hayan atrevido a lanzar acusaciones de semejante gravedad sin tener suficientes elementos para demostrarlas, pero será la justicia la que determine su veracidad. Mientras se conoce si hay o no un acuerdo judicial con ellos, las autoridades les deben garantizar su seguridad, para evitar presiones indebidas que no les permitan confesar toda la verdad.

A propósito, Olmedo López y Sneyder Pinilla deben contar todo lo que saben, incluidos los nombres de congresistas, alcaldes, funcionarios del congreso y contratistas que han sido mencionados en el escándalo de los carrotanques y que, por ahora, en medio de los fuegos artificiales de las declaraciones de los últimos días, han pasado inadvertidos. La justicia no debe permitir que se desvíe la atención para conocer a todos los responsables de este gravísimo caso.