Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO

El proyecto del tren de cercanías, concebido para integrar a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, representa una obra de alto interés estratégico para el Caribe colombiano. No obstante, su desarrollo permanece estancado en la fase de prefactibilidad, sin que existan aún señales concretas de avance hacia la construcción. En consecuencia, la prosperidad de la región no admite más dilaciones. En este escenario, considero pertinente que la ejecución del plan sea confiada a una empresa china, dada su reconocida experiencia y de gran calidad tecnológica que poseen en el ámbito ferroviario.

Desde una óptica jurídica, resulta imprescindible poner en marcha un sistema férreo ultrarrápido, con capacidad para alcanzar los 350 km/h, que ofrezca una interconexión efectiva entre las tres capitales e integre plenamente a la región en el desarrollo mundial. Cualquier alternativa de menor alcance implicaría un retroceso social y económico.

Es previsible que ciertos sectores vinculados al transporte convencional expresen resistencia frente a esta plataforma ferroviaria. Sin embargo, su ejecución constituye una prioridad esencial en materia de movilidad y progreso regional. En este panorama, la conformación de veedurías ciudadanas surge como un mecanismo indispensable para garantizar la transparencia y ejercer control sobre la gestión del programa.

La consolidación de la red férrea no debe entenderse únicamente desde la óptica de la circulación, sino como una apuesta integral orientada a la modernización, la competitividad y la equidad territorial. Su adopción recortaría   los tiempos de desplazamiento y dinamizaría, particularmente el turismo, la industria, el comercio, la vivienda y la educación. En tal contexto, Barranquilla se posicionaría a gran escala.

Por otra parte, la versatilidad del sistema bala, apto para el transporte simultáneo de pasajeros y carga, lo convierte en un elemento fundamental para el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Su operación no solo reduciría las emisiones contaminantes, sino que también elevaría la calidad de vida de la población al proporcionar una alternativa de movilización moderna, segura y eficiente.

La cultura del tren rápido debe ser promovida e incorporada en la comunidad mediante procesos educativos que abarquen desde la formación básica hasta la superior. De igual modo, es vital fomentar la conciencia colectiva en torno a este modelo, que representa una opción de transporte coherente con las demandas de actualidad al integrar tecnología y responsabilidad ecológica.

En términos generales, la implementación de este sistema no solo constituye una necesidad técnica, sino también un compromiso público y social con el futuro de la costa norte colombiana. Renunciar a su ejecución equivaldría a perpetuar el atraso y desaprovechar una oportunidad histórica para convertir la zona caribeña en un eje de innovación y bienestar humano.