El ente de control detectó deficiencias en contratos clave del sector defensa y advirtió que los recortes de inversión están afectando la capacidad operativa y tecnológica de las Fuerzas Militares.

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la gestión de los recursos destinados al sector defensa, tras evidenciar irregularidades en varios contratos y un preocupante estancamiento en los programas de modernización de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con los informes de control fiscal, se identificaron fallas en la planeación, ejecución y supervisión de proyectos estratégicos, que comprometen la eficiencia en el uso de los fondos públicos y amenazan la capacidad de renovación tecnológica de las instituciones armadas.

Uno de los casos más graves corresponde al contrato 012 de 2024 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems Company, destinado al mantenimiento y repotenciación de helicópteros MI-17. Aunque ya se desembolsó más del 50 % del valor total, el avance físico de la obra apenas alcanza el 8 %, lo que podría representar un detrimento patrimonial superior a 13 millones de dólares. La Contraloría señaló además debilidades en la experiencia técnica y solvencia financiera de la firma contratista.

El organismo también encontró inconsistencias en un convenio para la compra y operación de drones destinados a zonas estratégicas, por un valor de 38.868 millones de pesos. El informe advierte que hubo equipos siniestrados, falta de seguimiento técnico y ausencia de garantías que aseguren la correcta ejecución del proyecto.

A estas irregularidades se suma la advertencia sobre la disminución de los recursos de inversión para la defensa nacional, que según el ente de control se redujeron en más del 40 % durante el último periodo fiscal. Esta situación, señaló la Contraloría, está frenando la modernización de la infraestructura militar, la renovación de flotas aéreas y la adquisición de nuevas tecnologías.

Si bien el Ministerio de Defensa ha sostenido que el presupuesto del sector equivale al 4,1 % del PIB nacional, la Contraloría precisa que la mayoría de esos recursos se destinan a gastos de funcionamiento y nómina, dejando un margen muy limitado para la inversión en innovación y fortalecimiento operativo.

El organismo de control llamó a las autoridades a reforzar los mecanismos de supervisión contractual, priorizar la inversión en modernización y garantizar mayor transparencia en la ejecución presupuestal, para asegurar que los recursos destinados a la defensa nacional cumplan efectivamente su propósito estratégico.