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Polémica por cobro de valorización en proyecto Cartagena–Barranquilla pese a orden judicial

El recaudo continuará temporalmente, generando malestar entre los municipios de Atlántico y Bolívar que esperan respuestas del Gobierno.

El Gobierno Nacional confirmó que seguirá adelante con el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en el marco del proyecto vial Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad, a pesar de la medida cautelar emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenaba suspender temporalmente la facturación.

Según el Instituto Nacional de Vías (Invías), la suspensión actual se limitará únicamente al periodo de realización de audiencias públicas informativas, previstas entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, en los diez municipios que forman parte de la zona de influencia. Estas audiencias buscan informar a la comunidad sobre los alcances del proyecto y resolver posibles inquietudes, tras lo cual se espera levantar la medida cautelar y reanudar el proceso de cobro.

La viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, destacó que los recursos obtenidos mediante la CNV, estimados en 850.000 millones de pesos, se destinarán a obras estratégicas de infraestructura vial en la región Caribe, como el Tren del Caribe y el mejoramiento de vías locales. El recaudo se distribuirá priorizando los municipios con menores indicadores socioeconómicos.

Invías aclaró que no todos los propietarios de predios estarán sujetos al cobro. Quedarán exentos quienes se encuentren en situación de pobreza extrema o moderada, los estratos 1, 2 y 3, Unidades Agrícolas Familiares, así como predios de uso público, tierras comunales, zonas de riesgo y patrimonio público, entre otros, en cumplimiento de la Ley 1819 de 2016.

La decisión del Ejecutivo ha generado debate en el ámbito político. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, cuestionó la postura del Gobierno, argumentando que se debe respetar la división de poderes y protegiendo a los departamentos de Atlántico y Bolívar de un posible impacto económico adverso.

El cronograma oficial establece que las audiencias públicas se realizarán entre noviembre y diciembre de 2025, la notificación a los predios sujetos al cobro se prevé para el segundo semestre de 2026, y el inicio del recaudo está proyectado para 2027.

El Gobierno insiste en que la CNV no constituye un impuesto, sino una contribución especial destinada a financiar obras que beneficiarán directamente a los propietarios de los predios implicados.

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