El derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma prohíben la utilización de civiles en el contexto del conflicto armado.
El viceministro para el Diálogo Social, y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en contra de los Grupos Armados Organizados Residuales por presunta utilización de la población civil en las asonadas que se han presentado en varios departamentos de Colombia.
Los hechos relatados por el funcionario indican que el pasado 2 de agosto de 2025 en la vereda Balén del municipio de La Plata, Huila, la población civil fue amedrentada y coaccionada por las disidencias de las Farc para marchar a un destacamento militar y obligar a las tropas del Ejército a ausentarse del lugar.
“Estos graves hechos configuran una grave violación al ordenamiento interno y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como al Estatuto de Roma. Estamos hablando de delitos tan graves como concierto para delinquir y asonada; además que los convenios internacionales condenan que se use a los civiles para evitar las operaciones militares”, dijo Rondón.
Adicionalmente, hizo un llamado a las organizaciones fuera de la ley para evitar poner en riesgo la tranquilidad e integridad de las comunidades. Así mismo, pidió a la Fiscalía abrir investigación formal contra los responsables del Grupo Armado Organizado Residual Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado Estado Mayor Central, y en especial de sus cabecillas
Por último, pidió a las autoridades judiciales reconocer a las víctimas del delito como sujetos de especial protección constitucional, conforme a los principios de verdad justicia, reparación y no repetición y que se decrete la restitución de sus derechos, el instó a la Fiscalía a investigar hechos similares.
