Informe forense revela que el cuerpo de la joven presentaba múltiples signos de violencia: moretones en las muñecas y manos, laceraciones en el brazo izquierdo y un orificio de entrada y salida provocado por un arma cortopunzante
Medicina Legal confirmó que la patrullera María Alejandra, de 22 años, no murió por suicidio como inicialmente se pensó, sino que fue víctima de una muerte violenta, tras caer desde un quinto piso el pasado 28 de abril en un conjunto residencial del barrio Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla.
El informe forense revela que el cuerpo de la joven presentaba múltiples signos de violencia: moretones en las muñecas y manos, laceraciones en el brazo izquierdo y un orificio de entrada y salida provocado por un arma cortopunzante, lo que descarta que dichas lesiones hayan sido causadas únicamente por la caída. Además, se identificó una herida de arma blanca, hecho que refuerza la hipótesis de un posible ataque previo a su muerte.
Durante los hechos, María Alejandra se encontraba en compañía del subintendente Andrés Alfonso Castro Gómez, adscrito a la Regional 8 de la Policía Nacional, quien ha sido señalado por la familia de la víctima como la última persona que estuvo con ella antes de su caída.
José Damer, padre de la patrullera y pensionado de la Policía, fue enfático al rechazar la versión de un supuesto suicidio:
“Quiero dejar claro que mi hija no se suicidó. No tenía motivos para hacerlo. Esa versión de que se levantó sonámbula es absurda. Nunca presentó comportamientos así, ni siquiera cuando dormía en camarotes en la Escuela durante su formación”. El padre aseguró con contundencia:
“Ese fue un feminicidio. A mi hija la mataron en ese apartamento y luego la lanzaron. Exigimos que las autoridades hagan su trabajo y se sepa la verdad”.
María Alejandra se desempeñaba como patrullera en la Estación de Policía del municipio de Suan, Atlántico. Desde niña soñaba con formar parte de la Institución, inspirada por su hermana, también uniformada.
Las autoridades han iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos. Familiares y organizaciones civiles piden que el caso se trate con la celeridad y el rigor que exige un posible feminicidio en el seno de la fuerza pública.
