Ramsés Vargas fue imputado por el desfalco de $16 mil millones de la Universidad Autónoma del Caribe, donde ejerció como rector.
Ramsés Vargas Lamadrid anunció su decisión de declinar su candidatura a la rectoría de la Universidad de Sucre, tras afirmar que ha sido víctima de amenazas de muerte y ataques en redes sociales.
En un comunicado, Vargas Lamadrid aseguró que desde la publicación de la lista de aspirantes a la rectoría ha recibido mensajes intimidantes dirigidos a él y a su familia.
«Debo manifestar que desde que se publicó la lista de inscritos, he recibido una andanada de ataques y amenazas de muerte en redes sociales, expeliendo insultos y amenazas contra mí y mi familia, lo que sin duda ha generado zozobra en mi esposa y mis hijos menores», expresó.
Ante la gravedad de la situación, el exrector informó que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las cuentas y direcciones IP desde donde provienen las amenazas.
«Es triste que así se muevan las fuerzas oscuras en nuestro país para coartar el legítimo derecho al trabajo de los ciudadanos», agregó.
El proceso judicial en su contra
Ramsés Vargas es imputado por el desfalco de $16 mil millones de la Universidad Autónoma del Caribe, donde ejerció como rector.
En 2018, fue capturado por presuntos actos de corrupción en la institución, pero en 2020 quedó en libertad por vencimiento de términos, aunque la investigación en su contra continuó.
La Fiscalía le imputó seis delitos:
- Concierto para delinquir
- Lavado de activos
- Enriquecimiento ilícito
- Estafa agravada
- Omisión del agente retenedor
- Corrupción privada
Se señala que el desfalco ocurrió tras un cambio de estatutos que permitía el pago en efectivo de matrículas, fondos que no ingresaron a las arcas de la universidad.
Durante su gestión, Vargas Lamadrid incrementó su salario de $44 millones a $67 millones, y su prima de seguridad pasó de $22 mil a $26 mil dólares.
Además, la Fiscalía reveló que durante su administración se vendió la sede de la Universidad Autónoma en Estados Unidos por 2,5 millones de dólares, así como parte del polideportivo de la institución y los derechos del equipo de fútbol profesional, por los que se habrían recibido $3 mil millones.
En 2020, Vargas Lamadrid inició un proceso contra la universidad exigiendo el pago de $7.366 millones por su desvinculación, pero la justicia falló a favor de la institución.
