La Fiscalía Delegada 10 ante la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una indagación preliminar contra la actual canciller de Colombia, Laura Sarabia, por posibles vínculos con enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir agravado, delitos que involucran recursos públicos y podrían afectar el patrimonio del Estado.
Aunque el organismo no ha revelado públicamente los hechos específicos que motivaron esta investigación, trascendió que la actuación judicial se deriva de una denuncia presentada en junio de 2024 por la Red de Veedurías Ciudadanas. Esta organización ha solicitado revisar el presunto incremento patrimonial injustificado relacionado con empresas familiares de la alta funcionaria.
En el marco de esta indagación, en las últimas semanas la Fiscalía ha requerido a la Presidencia de la República información detallada sobre los ingresos, viáticos, salarios y otras compensaciones que Sarabia habría recibido desde el año 2022, con especial atención al periodo en que estuvo al frente del Departamento para la Prosperidad Social.
Por su parte, Lina Sandoval, abogada defensora de la ministra, ha entregado a las autoridades documentos que recogen su historial financiero, contable y patrimonial. La jurista asegura que este proceso hace parte de una campaña sistemática de desprestigio contra su clienta, y que en la diligencia realizada el pasado 30 de abril se puso a disposición de la Fiscalía toda la información solicitada. Además, se pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que realice una revisión técnica del caso.
