El Juzgado 17 Penal Municipal dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio a la Notaria Segunda, en el marco de la investigación que se adelanta contra una presunta red dedicada al robo de tierras en el departamento del Atlántico.
La Superintendencia de Notariado y Registro emitió la resolución 2025-005537-6, con fecha del 2 de mayo, mediante la cual se decidió suspender «términos y la prestación del servicio público notarial, en la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla» a partir de este lunes 5 de mayo de 2025.
Esta medida administrativa se adoptó luego de que el Juzgado 17 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio a la Notaria Segunda, Ana Dolores Meza Caballero, en el marco de la investigación que se adelanta contra una presunta red dedicada al robo de tierras en el departamento del Atlántico. La medida de aseguramiento domiciliaria se dictó el pasado 29 de abril.
La suspensión del servicio notarial se mantendrá hasta que Meza Caballero «supere la situación que origina esta suspensión del servicio de ser procedente, o hasta que se lleve a cabo la designación de notario en calidad de encargado por el nominador natural a efectos de garantizar la prestación del servicio público notarial”.
La Superintendencia de Notariado y Registro explicó que a Ana Dolores Meza Caballero se le había otorgado una licencia ordinaria el 22 de abril de 2025, designándose a Carlos Ignacio Casas Díaz como notario encargado. Sin embargo, ante la finalización de dicha licencia y la persistencia de la medida de aseguramiento domiciliaria contra la titular, se tomó la decisión de suspender el servicio de la Notaría Segunda. La entidad argumentó que la medida judicial «impide la prestación del servicio público notarial por la titular y a su vez la designación de un nuevo encargo bajo responsabilidad».
La captura de Ana Dolores Meza Caballero se produjo el 22 de abril, tras ser señalada de presuntamente estar vinculada a una red de robo de tierras que operaba en Soledad y Barranquilla. Posteriormente, el 29 de abril, fue cobijada con medida de aseguramiento en su domicilio tras ser imputada por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y urbanización ilegal.
