Esta semana, la Corte Constitucional se pronunció sobre el Decreto 062 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de conmoción interior en regiones golpeadas por la violencia como el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del Cesar: Río de Oro y González.
El alto tribunal avaló parcialmente la medida, validándola solo en lo que respecta a la grave crisis generada por los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados ilegales, los ataques dirigidos contra excombatientes firmantes del acuerdo de paz con las Farc, y las consecuencias humanitarias derivadas de desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Según la Corte, estos hechos han superado la capacidad de respuesta del Estado en dichas zonas.
Sin embargo, la corporación judicial dejó claro que el estado de excepción no puede ser utilizado para afrontar problemas estructurales de larga data. Por ello, declaró inconstitucional su aplicación en casos relacionados con la presencia histórica de actores armados, los cultivos ilícitos, la débil implementación del PNIS, las carencias sociales básicas de la población o los daños en infraestructura vial y energética.
Durante la deliberación, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, presentó un salvamento de voto en el que cuestionó la estrategia de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Afirmó que esta política no ha mejorado la situación del país, sino que, por el contrario, ha generado un deterioro del orden público, debilitado la institucionalidad y agravado la inseguridad, especialmente en regiones como el Catatumbo.
Con esta sentencia, la Corte marca una línea firme sobre el uso de los estados de excepción, instando al Ejecutivo a concentrarse exclusivamente en proteger a las comunidades, fortalecer la presencia de la fuerza pública y garantizar los derechos fundamentales de quienes viven bajo amenaza por la violencia.
