La sección segunda del alto tribunal suspendió de manera provisional un apartado del Decreto 415 de 2026 con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenaba el traslado inmediato de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.
El Consejo de Estado le puso un freno provisional al decreto con el que el Gobierno ordenó el traslado inmediato de los recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
Señaló el Consejo de Estado que, aunque la ley permitió que ciertos afiliados se trasladaran de los fondos privados al régimen público, también estableció que los recursos ahorrados debían permanecer en las administradoras hasta que el afiliado cumpliera los requisitos para pensionarse.
Sin embargo, el decreto del Gobierno dispuso que esos dineros se trasladaran de manera acelerada: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes.
La Sección Segunda tramitó la solicitud con carácter urgente, al advertir que los plazos fijados eran tan cortos que, de seguir el trámite ordinario, la decisión judicial podría perder eficacia porque los recursos ya habrían sido transferidos.
En ese sentido, el Consejo de Estado determinó que el decreto del Gobierno Petro modificó una regla sustancial previamente definida por el legislador, al alterar el momento en que debía hacerse el traslado del dinero.
El alto tribunal recordó además que el presidente de la República tiene la facultad de reglamentar las leyes para facilitar su aplicación, pero no puede cambiar su contenido ni sustituir decisiones que corresponden al Congreso.
Todo este polémico decreto traería consigo varias demandas, Hace apenas unas horas Asofondos había radicado una demanda a la par de una solicitud de medida cautelar de urgencia pidiéndole al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos del decreto. Incluso, ayer la alta corte admitió para su estudio una demanda que pide tumbarlo.
De acuerdo con la demanda de los fondos privados, el decreto reglamenta el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, o reforma pensional que creó una “oportunidad de traslado” para afiliados que están próximos a pensionarse.
Incluso las AFP advierten sobre el impacto económico de la medida, porque el traslado acelerado de recursos estimados en cerca de 24,5 billones de pesos obligaría a liquidar activos en condiciones desfavorables, lo que podría generar pérdidas significativas en los portafolios de inversión y afectar el ahorro pensional de millones de afiliados.
