La representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación fue suspendida de manera provisional mientras avanzan las indagaciones sobre la legalidad de la medida que emitió contra el jefe de Estado.
La controversia política que estalló tras una orden de suspensión contra el presidente Gustavo Petro dio un nuevo giro este jueves. La Procuraduría General de la Nación decidió retirar temporalmente de sus funciones a la congresista Gloria Arizabaleta, al considerar que pudo haber excedido las facultades que le otorga la ley.
La medida disciplinaria se produjo apenas un día después de que la representante, en su condición de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, firmara un acto mediante el cual buscaba apartar provisionalmente al mandatario de su cargo dentro de una investigación relacionada con una presunta participación en política.
El Ministerio Público determinó que Arizabaleta permanecerá separada de sus funciones hasta el 20 de julio de 2026, fecha en la que culmina el periodo constitucional para el que fue elegida como representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
Según explicó la entidad, la decisión busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y establecer si la congresista actuó por fuera de las competencias legales que tiene asignadas.
Las autoridades disciplinarias analizan si la actuación podría constituir una falta grave e incluso derivar en eventuales responsabilidades relacionadas con un posible prevaricato por acción.
La actuación de Arizabaleta generó un amplio debate jurídico luego de que ordenara una medida cautelar contra el presidente Petro sin que esta hubiera sido discutida o aprobada por la Comisión de Investigación y Acusación.
Diversos sectores políticos y expertos en derecho cuestionaron de inmediato la decisión, argumentando que dicho organismo no tendría la facultad constitucional para suspender al jefe de Estado.
En el documento expedido por la congresista se sostenía que la permanencia del mandatario en el cargo podría afectar el desarrollo de la investigación, razón por la cual consideró procedente ordenar su separación temporal mientras avanzaba el proceso.
Desde Nueva York, donde participa en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Gustavo Petro rechazó los señalamientos en su contra y defendió su actuación.
El mandatario aseguró que no ha incurrido en intervención política y reiteró que ya ha dado explicaciones sobre las acusaciones que motivaron la investigación.
El expediente que involucra al presidente tuvo su origen el pasado 26 de mayo, cuando la Comisión de Investigación y Acusación abrió una indagación preliminar por presuntas actuaciones relacionadas con el escenario electoral colombiano.
Las denuncias apuntan a una supuesta participación política en favor del senador Iván Cepeda, quien figura como aspirante a la Presidencia de la República.
Mientras se define el alcance jurídico de esa investigación, la Procuraduría concentrará ahora sus esfuerzos en determinar si Gloria Arizabaleta actuó dentro de los límites legales de su cargo o si, por el contrario, adoptó una decisión para la cual no tenía competencia.
El caso continúa generando repercusiones en los ámbitos político y jurídico, en medio de un debate sobre las facultades de los organismos encargados de investigar al presidente de la República.
