El ajuste del 12,94 % reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud
El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que para la vigencia 2026 la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento global del 12,94 %, una decisión que eleva de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento en salud y que busca responder al aumento de los costos del sistema y a órdenes judiciales vigentes.
La medida quedó oficializada mediante resolución y se sustenta en un estudio técnico elaborado por la cartera de Salud junto con la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, con participación del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). El análisis tuvo en cuenta variables como inflación del sector, comportamiento del gasto en servicios y medicamentos, perfil epidemiológico y cambios demográficos.
El incremento será diferenciado por régimen. Para el régimen contributivo, la UPC aumentará 9,03 %, mientras que para el régimen subsidiado el ajuste será de 16,49 %, un porcentaje mayor que responde a la orden de la Corte Constitucional de avanzar en la equiparación progresiva de los recursos entre ambos regímenes. Con este ajuste, el régimen subsidiado alcanzará el 95 % del valor de la UPC contributiva.
Con la decisión, el presupuesto del aseguramiento en salud pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos en 2026, lo que representa un aumento superior a 11,6 billones de pesos que deberán ser reconocidos a las EPS para garantizar la atención de los afiliados en todo el país.
El Ministerio explicó que al valor base de la UPC se suman ajustes adicionales por edad, sexo, dispersión geográfica y pertenencia a comunidades indígenas, con el fin de orientar los recursos hacia poblaciones con mayores necesidades de atención y reducir brechas históricas en el acceso a los servicios de salud.
Desde la cartera sanitaria se enfatizó que el aumento de recursos debe traducirse en mejor oportunidad, calidad y continuidad en la atención, y se reiteró el llamado a las EPS para que hagan un uso eficiente, transparente y responsable de los dineros públicos. El Gobierno aseguró que el esfuerzo fiscal asumido para 2026 es comparable al impacto de una reforma tributaria y que su correcta ejecución será objeto de seguimiento y control.
La decisión ha generado reacciones encontradas en el sector. Mientras el Gobierno la presenta como un paso clave para fortalecer la financiación del sistema y garantizar el derecho a la salud, algunos gremios advierten que el incremento podría seguir siendo insuficiente frente al crecimiento del gasto, especialmente en medicamentos y tecnologías de alto costo. El debate sobre la sostenibilidad del sistema vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda pública.
