La reglamentación establece obligaciones para colegios, plataformas digitales y entidades públicas con el objetivo de prevenir el ciberacoso, la explotación en línea y otros riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.
El Gobierno nacional dio un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad digital infantil con la expedición del Decreto 0769 del 16 de julio de 2026, una norma que desarrolla la Ley 2489 de 2025 y fija nuevas responsabilidades para proteger a niños, niñas y adolescentes mientras navegan por internet.
La reglamentación plantea una estrategia conjunta entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las empresas tecnológicas para reducir los riesgos que enfrentan los menores en plataformas digitales, sin afectar derechos como la privacidad de las comunicaciones.
Entre las principales problemáticas que pretende combatir el decreto están el ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en línea, la captación de menores mediante plataformas digitales, la exposición a contenidos ilícitos y el uso compulsivo de aplicaciones e internet.
Para construir la reglamentación, el Gobierno realizó dos procesos de consulta pública entre el 31 de diciembre de 2025 y el 29 de abril de 2026, periodo en el que recibió más de 500 observaciones de ciudadanos y organizaciones.
En la elaboración del documento participaron entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), asociaciones de padres de familia y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que concluyó que la norma no genera restricciones a la libre competencia.
Uno de los cambios más relevantes recae sobre las instituciones educativas. El decreto establece que los colegios deberán incluir medidas de prevención frente a los riesgos digitales dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y en los Manuales de Convivencia.
Además, tendrán que implementar protocolos específicos para atender casos de ciberacoso y promover procesos de formación dirigidos a padres, madres y cuidadores sobre el uso seguro de las tecnologías.
La reglamentación extiende responsabilidades a las empresas tecnológicas. Los desarrolladores de aplicaciones, videojuegos, plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial deberán incorporar criterios de privacidad y seguridad desde el diseño de sus productos.
También estarán obligados a implementar mecanismos de verificación de edad que respeten la protección de los datos personales y a presentar informes semestrales al Ministerio TIC sobre el cumplimiento de estas medidas.
El decreto fija un plazo máximo de un año para que el Ministerio TIC, junto con los ministerios de Educación, Salud y Culturas, además del ICBF y la SIC, formulen la Política Pública Nacional de Entornos Digitales Sanos y Seguros.
Esta estrategia buscará coordinar las acciones institucionales para fortalecer la protección de los menores frente a los desafíos que plantea el entorno digital.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destacó que, mediante la estrategia CiberPaz, durante los últimos cuatro años se han desarrollado más de 3,4 millones de acciones de sensibilización sobre prevención de riesgos en internet.
La iniciativa ha llegado a 805 municipios de los 32 departamentos del país e impactó a distintos grupos de población, entre ellos:
- 1.431.146 mujeres.
- 968.269 adolescentes.
- 508.815 niños y niñas.
- 75.725 personas indígenas.
- 57.061 integrantes de comunidades NARP.
- 7.355 personas con discapacidad.
- 863 víctimas del conflicto armado.
La ministra TIC, Carina Murcia Yela, aseguró que el objetivo es permitir que los menores aprovechen las oportunidades de la tecnología en un entorno más seguro y reiteró que la protección de sus derechos requiere el compromiso conjunto de familias, colegios, empresas y entidades públicas.
Aunque endurece las medidas para proteger a los menores, el decreto deja claro que estas acciones no podrán convertirse en mecanismos de vigilancia masiva ni afectar las comunicaciones privadas de los usuarios.
La norma prohíbe expresamente que las estrategias de protección impliquen censura previa, monitoreo generalizado o el debilitamiento del cifrado de extremo a extremo, con el propósito de mantener el equilibrio entre la seguridad digital y el respeto por los derechos fundamentales.
