Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que el conflicto continúa provocando desplazamientos y confinamientos masivos, con Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena entre las regiones más afectadas.
La crisis humanitaria derivada del conflicto armado sigue golpeando a miles de familias en Colombia. Entre enero y junio de 2026, un total de 15.960 personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de 83 episodios de desplazamiento forzado masivo, de acuerdo con el más reciente Boletín de Movilidad Humana presentado por la Defensoría del Pueblo.
El panorama también refleja otra problemática de gran impacto: durante el mismo periodo se registraron 44 eventos de confinamiento, una situación que limitó la movilidad de 64.787 personas, obligándolas a permanecer en sus territorios en medio de riesgos para su seguridad.
El informe identifica a Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena como los departamentos con el mayor número de personas desplazadas durante el primer semestre del año.
En cuanto a los casos de confinamiento, las mayores afectaciones se reportaron en Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca, donde numerosas comunidades permanecieron aisladas por las condiciones de violencia.
Solo en junio, la Defensoría documentó 12 nuevos desplazamientos masivos, que afectaron a 2.742 personas, además de seis eventos de confinamiento con 3.190 habitantes impactados.
La entidad advirtió que estas situaciones continúan profundizando la vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes, que figuran entre las poblaciones más expuestas a las consecuencias del conflicto.
Por primera vez, el boletín incorporó un capítulo dedicado a los connacionales deportados desde el exterior.
Entre enero y junio fueron acompañados 17 vuelos procedentes de Estados Unidos, Chile y España, en los que regresaron 1.663 colombianos. Solo durante junio arribaron cuatro vuelos con 361 personas.
Las entrevistas realizadas por la Defensoría revelaron que el 66 % de quienes migraron lo hicieron buscando mejores oportunidades laborales o mayores ingresos, mientras que más del 22 % señaló que salió del país debido al conflicto armado, amenazas o problemas de seguridad.
Además, el 83 % manifestó su intención de regresar nuevamente al lugar donde residía antes de ser deportado.
El monitoreo adelantado por la entidad también permitió identificar casos en los que los colombianos retornados reportaron condiciones inadecuadas durante los procedimientos de deportación.
Entre las situaciones documentadas aparecen dificultades relacionadas con atención en salud, alimentación, hacinamiento, así como denuncias por maltrato verbal, afectaciones psicológicas e incluso hechos de violencia física.
Como parte de su gestión durante el semestre, la Defensoría destacó el acompañamiento a los vuelos de deportados, una misión de seguimiento en la frontera entre Colombia y Panamá, su participación en espacios de formulación de política migratoria y la puesta en marcha de la campaña #PásaloPorElVAR, orientada a prevenir la trata de personas y el tráfico de migrantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Finalmente, el organismo reiteró la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado para responder a la movilidad humana, ampliar las medidas de protección en las zonas con mayor riesgo y garantizar atención humanitaria con enfoques diferenciados para niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y comunidades étnicas.
