La Representante visibilizó la cruda realidad que viven los comerciantes, motocarristas y trabajadores humildes del departamento.
Durante la más reciente sesión plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista atlanticense Jezmi Barraza lanzó un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que asuma un rol activo y articulado frente a la grave crisis de extorsión, violencia y hacinamiento carcelario que asfixia a los habitantes de Barranquilla, Soledad y Malambo.
En su constancia, la Representante visibilizó la cruda realidad que viven los comerciantes, motocarristas y trabajadores humildes del departamento, advirtiendo que la aparente disminución en las cifras de denuncias no obedece a una mejora en la seguridad, sino al miedo generalizado de la población frente a las represalias de las estructuras criminales.
> “Si las denuncias bajan no es porque el delito se acabó, es porque la gente paga por terror a que la asesinen o le quemen el local. Estamos viendo cómo estructuras como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ instrumentalizan y reclutan a nuestros niños desde los 12 años, llegando al horror de mutilar a los menores que se resisten. ¡No podemos permitir que esto se normalice!”, denunció la congresista Barraza.
La intervención legislativa también expuso el colapso operativo que enfrenta la Fuerza Pública en la región debido a la crisis del sistema penitenciario nacional. Actualmente, las estaciones de policía del departamento registran un hacinamiento inhumano del 1.367%, una situación estructural que obliga a los uniformados a cumplir funciones de custodia penitenciaria en lugar de patrullar las calles y proteger a los ciudadanos.
Ante esta realidad, la Representante Barraza enfatizó que los esfuerzos y recursos de las autoridades locales y departamentales necesitan urgentemente el respaldo y la acción contundente del nivel central.
> “Nuestros uniformados están obligados a ser carceleros en lugar de estar en las calles. Necesitamos una intervención del Gobierno Nacional urgente y sin maquillaje. El Estado tiene que rodear al Atlántico, respaldar a nuestras autoridades en el territorio y devolverle la tranquilidad a los trabajadores humildes que hoy son víctimas de las planillas de extorsión”, concluyó la congresista.
El llamado desde el legislativo busca que los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el INPEC y la Policía Nacional, desplieguen un plan de choque inmediato que descongestione las estaciones de policía del Atlántico y desarticule las redes de extorsión y reclutamiento infantil.
