La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta este lunes sobre los riesgos que implicaría la suspensión de las órdenes de captura contra cabecillas del ‘Clan del Golfo’ y la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de los procesos de paz.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó que el avance de estas iniciativas se esté realizando sin garantías claras para las víctimas del conflicto armado.
Según explicó, aún no existen acuerdos mínimos sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que podría abrir escenarios de impunidad y afectar las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano.
“La falta de claridad sobre estos asuntos genera riesgos de impunidad, afecta los derechos de las víctimas y puede incentivar escenarios de rearme o incumplimiento. Por ahora solo se advierte la suspensión de la justicia, no su activación”, manifestó la funcionaria.
La Defensoría también alertó sobre el contexto electoral y el posible impacto de estos procesos en la seguridad y libertad de los votantes, teniendo en cuenta la influencia territorial de grupos armados ilegales.
Marín indicó que, aunque las organizaciones en diálogos se han comprometido públicamente a respetar los procesos democráticos, existe preocupación por la diferencia entre esos anuncios y las actuaciones registradas en algunos territorios.
Otro de los puntos señalados por el organismo tiene que ver con los riesgos de seguridad tanto para las comunidades como para los integrantes de los grupos armados que eventualmente serían concentrados en las ZUT.
La Defensoría explicó que algunas de estas zonas están previstas en regiones donde persisten confrontaciones armadas o problemas de orden público, como Tibú, en Norte de Santander; Mallama, en Nariño; y Tierralta, en Córdoba.
Asimismo, advirtió sobre posibles afectaciones a comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en territorios donde se proyectan estas zonas temporales, insistiendo en que la consulta previa y el respeto por el gobierno propio de estas comunidades no pueden tratarse como simples trámites formales.
Finalmente, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional para que las decisiones relacionadas con las ZUT estén debidamente sustentadas y cuenten con controles institucionales y garantías reales para la población civil.
