Amnistía Internacional concluye más de nueve millones de personas, es decir, uno de cada nueve colombianos en promedio, es víctima del conflicto armado y señala que el 2025 fue el año más letal para los defensores de derechos humanos durante el actual gobierno, al punto de que califica a Colombia como uno de los países más peligrosos del mundo para defender los Derechos Humanos.
El informe anual de Amnistía Internacional revela que lejos de disminuir, la presencia de grupos armados ilegales se ha expandido en Colombia hacia diferentes regiones, lo cual se traduce en combates más frecuentes, mayor control territorial por parte de los ilegales y afectaciones directas a los civiles, incluso llega a identificar al menos ocho conflictos armados internos en el país, entre grupos criminales.
Ese crudo panorama, con 90 mil nuevos desplazados por la violencia, 250 mil personas confinadas por combates, 360 mil niños afectados por la guerra, 14 zonas en disputa entre los ilegales, 2794 hechos de violencia y 165 líderes sociales asesinados, se produce en medio del fracaso de la política paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas había prometido que grupos como el ELN desaparecerían tres meses después de su posesión, algo que evidentemente no sucedió.
Amnistía Internacional concluye más de nueve millones de personas, es decir, uno de cada nueve colombianos en promedio, es víctima del conflicto armado y señala que el 2025 fue el año más letal para los defensores de derechos humanos durante el actual gobierno, al punto de que califica a Colombia como uno de los países más peligrosos del mundo para defender los Derechos Humanos.
El informe señala que se han presentado hechos de orden público particularmente graves en Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en el Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste antioqueño y sur de Bolívar.
El presidente Gustavo Petro dice que el informe de Amnistía Internacional no acusa a su gobierno sino a grupos narcotraficantes violando derechos humanos y asegura que la tasa de homicidios sigue estable, y aprovecha para lanzar un nuevo ataque político contra el expresidente Álvaro Uribe.
El informe anual de Amnistía Internacional se presentó el mismo día en el que la violencia desbordada terminaba confirmando el fracaso de la paz total: a los tres militares brutalmente asesinados en Ipiales por el autodenominado Ejército Bolivariano, cuyo cabecilla, alias “Araña”, no ha sido extraditado a Estados Unidos por decisión del presidente Petro, se suma también el hostigamiento contra la policía en Cartagena del Chairá, que dejó un uniformado muerto, por orden de las disidencias de alias ‘Calarcá’, quien sigue con las órdenes de captura suspendidas porque el gobierno lo mantiene como negociador de paz y a la masacre de 4 jóvenes en Jamundí, en las goteras de Cali, a manos de las disidencias de alias Iván Mordisco.
A esto se suma la guerra que se recrudece en el Catatumbo y en el norte de Antioquia. El panorama de orden público no puede ser más desolador. Evidentemente la política de paz total, uno de cuyos arquitectos fue el senador y hoy candidato presidencial del petrismo Iván Cepeda, fracasó.
