El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, salió al paso de versiones que circulan en redes sociales sobre la propiedad de la institución y advirtió sobre los riesgos que podría generar un fallo judicial que, según explicó, desconoce las medidas de protección vigentes.
En declaraciones entregadas este lunes, el directivo fue enfático en aclarar que la universidad no pertenece a ninguna persona natural, al tratarse de una corporación sin ánimo de lucro. En ese sentido, desmintió que Silvia Gette tenga algún tipo de propiedad sobre la institución, precisando que su vínculo actual se limita a una pensión asumida por la universidad.
Senior explicó que, tras la intervención del Estado, la estructura administrativa de la institución cambió de manera significativa, eliminando figuras como la sala general y la asamblea de socios, y estableciendo un Consejo Superior como máxima autoridad. Este modelo, indicó, responde a los lineamientos definidos para garantizar la estabilidad institucional.
Uno de los puntos más sensibles abordados por el rector fue el relacionado con los llamados “institutos de salvamento”, contemplados en la Ley 1740 de 2014. Estas medidas, según detalló, han permitido la continuidad de la universidad desde 2018, pese a las dificultades financieras heredadas.
El rector advirtió que cualquier decisión judicial que desconozca estos mecanismos podría poner en riesgo la existencia misma de la institución, al dejarla expuesta frente a sus acreedores. En ese contexto, calificó como preocupante el escenario en el que se eliminen dichas protecciones, al considerar que afectarían directamente la viabilidad de la universidad.
Pese a este panorama, la administración destacó avances en el proceso de recuperación. De acuerdo con Senior, la universidad mantiene una matrícula superior a los 6.000 estudiantes y ha ampliado su oferta académica, pasando de 42 a 48 programas, además de avanzar en la creación de sus primeros doctorados.
Finalmente, el rector reiteró que la estabilidad de la institución depende del respeto a las medidas de vigilancia especial establecidas por el Ministerio de Educación y del mantenimiento de los instrumentos legales que han permitido su sostenibilidad en los últimos años.
