El mandatario cita una reunión, basada en supuestos informes de inteligencia, que genera alerta por posibles interceptaciones a opositores.
Una fuerte controversia se desató luego que el presidente Gustavo Petro hizo referencia a informes de inteligencia relacionados con conversaciones entre los hermanos Bautista, señalados por el mandatario como dueños de la empresa Thomas Greg & Sons que se encaragaba de la fabricación de los pasaportes colombianos, y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.
El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que postuló al candidato, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y a los veedores del proceso electoral abrir investigaciones urgentes para esclarecer el origen y la legalidad de dicha información. Según el equipo de campaña, las afirmaciones del mandatario sugieren que el Gobierno podría tener acceso a comunicaciones privadas de un candidato en plena contienda electoral, lo que consideran una situación de alta gravedad.
En su publicación, el presidente señaló que existen “informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De La Espriella”, en los que, según indicó, se discutiría la devolución del contrato de pasaportes a cambio de supuestos beneficios en los resultados el día de los comicios.
Este comentario fue interpretado por distintos sectores como una posible evidencia de uso indebido de herramientas de inteligencia estatal, de acuerdo a lo escrito, reconocido por el mismo Petro de manera pública.
Ante estas declaraciones, Abelardo De La Espriella respondió de manera contundente y aseguró no conocer a los hermanos Bautista, además retó al presidente a hacer públicas las supuestas grabaciones que Petro dice que existen.
Defensores de la Patria también pidió determinar si las conversaciones mencionadas fueron obtenidas mediante interceptaciones y, de ser así, bajo qué condiciones legales se realizaron. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia del proceso democrático.
