El tribunal responsabilizó a Mancuso de la incursión armada a la ranchería Manaki en Uribia, donde indígenas wayuu fueron golpeados durante cuatro horas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a 40 años de cárcel por 117 hechos delictivos cometidos contra pueblos indígenas de La Guajira entre 2002 y 2006. Según la Fiscalía General, miembros del Frente Contrainsurgencia Wayuu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ejecutaron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual bajo órdenes de Mancuso y otros cabecillas.
Delitos específicos
El tribunal responsabilizó a Mancuso de la incursión armada a la ranchería Manaki en Uribia, donde indígenas wayuu fueron golpeados durante cuatro horas y se les hurtaron artículos culturales como chinchorros, mochilas y mantas bordadas. También fue condenado por el homicidio de dos indígenas el 17 de marzo de 2002 en el asentamiento Kepischon, también en Uribia. El Frente Contrainsurgencia Wayuu llegó a contar con aproximadamente 150 integrantes y permitió a las AUC expandir sus operaciones en zonas de La Guajira cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Además de los 40 años de prisión, Mancuso fue condenado a una multa de 14 millones de dólares e inhabilidad para ejercer cargos públicos por igual período. No obstante, podría cumplir una pena alternativa de hasta ocho años si acata compromisos de verdad, reparación y no repetición según la Ley de Justicia y Paz.
Mancuso fue uno de los principales jefes de las AUC antes de su desmovilización en 2006. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumplió 15 años de condena por narcotráfico. Retornó a Colombia en febrero de 2024 para responder ante la justicia transicional.
En noviembre de 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo designó como gestor de paz, figura que le permite actuar como facilitador en procesos de desmovilización sin beneficios judiciales. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo demandó esta designación ante el Consejo de Estado, cuestionando la falta de controles y participación de víctimas, y advirtiendo que otorgar un rol institucional a responsables de crímenes de lesa humanidad puede afectar la confianza en el Estado como garante de derechos humanos.
