La directora del Dapre aseguró que su nombre ha sido utilizado de manera indebida y que su salida busca proteger la transparencia institucional
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, presentó su renuncia a la designación como Superintendente Nacional de Salud ad hoc de la Nueva EPS, cargo que había asumido de manera temporal en el marco de la intervención estatal a esa entidad promotora de salud.
La funcionaria explicó que su decisión obedece a la existencia de una campaña orquestada en su contra, la cual, según afirmó, ha incluido el uso indebido de su nombre y de su investidura para presuntos fines irregulares. Rodríguez señaló que estas acciones no solo afectan su buen nombre, sino que también ponen en riesgo la transparencia y credibilidad del proceso de supervisión de la Nueva EPS.
De acuerdo con lo manifestado por la directora del Dapre, en los últimos días se han presentado situaciones que la llevaron a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a los responsables de utilizar su nombre de manera fraudulenta, incluso para realizar supuestos cobros o gestiones irregulares relacionadas con entidades del sector salud.
Rodríguez aseguró que su salida del encargo como superintendente ad hoc busca evitar interpretaciones erróneas y garantizar que el proceso de intervención a la Nueva EPS continúe sin cuestionamientos adicionales. No obstante, aclaró que permanece en su cargo como directora del Dapre, desde donde continuará cumpliendo sus funciones dentro del Gobierno nacional.
La Nueva EPS, una de las más grandes del país en número de afiliados, se encuentra bajo intervención estatal debido a sus problemas financieros y operativos, situación que ha generado alta atención pública y política. La figura del superintendente ad hoc fue creada para ejercer un control directo y específico sobre la entidad durante este proceso.
Finalmente, la funcionaria reiteró su disposición para colaborar con las autoridades judiciales y confió en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Mientras tanto, el Gobierno deberá definir quién asumirá el encargo ad hoc para continuar con la supervisión de la Nueva EPS en esta etapa crítica.
