La medida busca cerrar la brecha histórica de financiación en el sistema de salud y garantizar mayor equidad en la atención a millones de afiliados
El Ministerio de Salud y Protección Social ordenó equiparar en un 95 % la prima de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con la del régimen contributivo, una decisión que marca un cambio estructural en la financiación del sistema de salud colombiano y que comenzará a aplicarse a partir de la vigencia 2026.
La determinación quedó establecida mediante una resolución expedida por la cartera de Salud, con la que se busca reducir la brecha histórica en los recursos que reciben las entidades encargadas de atender a los afiliados más vulnerables del país. La UPC es el valor que el Estado reconoce por cada afiliado para garantizar la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.
Aunque desde hace varios años ambos regímenes cuentan con un plan de beneficios unificado, el monto asignado por afiliado al régimen subsidiado había sido inferior al del contributivo, lo que, según múltiples fallos judiciales, generaba desigualdades en la capacidad de atención. La nueva medida pretende corregir esa situación y avanzar hacia un esquema de mayor equidad en la financiación.
La decisión responde además a órdenes reiteradas de la Corte Constitucional, que ha advertido que mantener diferencias injustificadas entre los valores de la UPC vulnera el derecho fundamental a la salud y el principio de igualdad. En ese sentido, el alto tribunal había exigido al Gobierno adoptar ajustes que garantizaran suficiencia financiera para ambos regímenes mientras no existan estudios técnicos que sustenten una diferencia mayor.
Con la equiparación al 95 %, las EPS del régimen subsidiado recibirán mayores recursos por cada afiliado, lo que, según el Ministerio, debería traducirse en una mejor capacidad para cubrir servicios, tecnologías en salud y atención oportuna. La implementación estará acompañada de ajustes presupuestales y del seguimiento por parte de entidades como la ADRES y el Ministerio de Hacienda.
Desde el Gobierno se ha señalado que esta decisión es un paso clave para fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud y corregir desequilibrios acumulados durante años. No obstante, el tema sigue generando debate entre actores del sector, que insisten en la necesidad de garantizar que los recursos sean suficientes y se administren de manera eficiente.
Con esta medida, el Ministerio de Salud busca avanzar en el cumplimiento de los mandatos judiciales y en la consolidación de un sistema más equitativo, en el que el acceso a los servicios de salud no dependa del régimen al que esté afiliada la población.
