Un tribunal de Cundinamarca ordenó detener provisionalmente los acuerdos con la Casa de la Moneda de Portugal mientras revisa dudas sobre su ejecución. Cancillería afirma que hay existencias para cubrir las solicitudes durante cuatro meses.
El Gobierno colombiano salió a enviar un mensaje de tranquilidad después de que una decisión judicial pusiera en pausa los convenios utilizados para avanzar hacia un nuevo modelo de producción estatal de pasaportes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de manera provisional los acuerdos suscritos durante la administración de Gustavo Petro entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.
La medida, sin embargo, no implica la suspensión del servicio de expedición de pasaportes. El Gobierno sostiene que cuenta con suficientes documentos disponibles para continuar atendiendo a los ciudadanos mientras analiza las alternativas legales frente al fallo.
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que la ciudadanía puede mantener la calma y que la entrega de pasaportes continuará.
La decisión está relacionada con una acción popular presentada contra la Cancillería, su Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional.
En su análisis, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró dudas relacionadas con la implementación de los convenios, entre ellas posibles incumplimientos en los cronogramas y falta de documentación suficiente para respaldar algunos aspectos considerados fundamentales dentro del proyecto.
Como parte de la decisión, las entidades involucradas tendrán 20 días hábiles para entregar información sobre el desarrollo de los acuerdos.
El reporte deberá incluir, entre otros elementos, las actividades ejecutadas, la ubicación de los pasaportes, las condiciones de seguridad de los sitios donde están almacenados y las personas que participan en las diferentes etapas de producción.
La controversia sobre la fabricación de pasaportes viene desde 2023, cuando el Gobierno de Petro decidió no continuar con la adjudicación a Thomas Greg & Sons, compañía que durante años había estado encargada de producir estos documentos.
El enfrentamiento se intensificó en 2024. En ese momento, el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó a Thomas Greg & Sons un contrato cercano a los $599.000 millones, equivalentes aproximadamente a 150 millones de dólares.
Petro cuestionó públicamente ese proceso y lo calificó de corrupto.
La disputa también derivó en actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, que suspendió durante tres meses al entonces canciller Álvaro Leyva por hechos relacionados con el proceso de licitación y una acusación de prevaricato por acción.
Ante ese escenario, la administración Petro impulsó una transición hacia un esquema en el que el Estado tuviera un papel central en la fabricación y gestión de los pasaportes.
Para avanzar en esa dirección, la Imprenta Nacional estableció acuerdos de cooperación con la Casa de la Moneda de Portugal, con la intención de trasladar progresivamente al sector público las capacidades necesarias para producir estos documentos.
Precisamente esos convenios son los que ahora quedan temporalmente suspendidos por orden judicial.
Pese al fallo, la Cancillería asegura que no existe un riesgo inmediato de desabastecimiento.
El canciller Omar Bula y el ministro del Interior, encargado de la Imprenta Nacional, Rodrigo Lara, explicaron que existe un inventario suficiente para mantener la atención a los ciudadanos mientras se define el camino jurídico y técnico que seguirá el proceso.
Según Bula, el país dispone de un inventario total de 600.000 pasaportes: aproximadamente 410.000 ya están disponibles y otros 190.000 llegarán próximamente.
Con esas existencias, el Gobierno calcula una autonomía de alrededor de cuatro meses para continuar con la expedición.
Bula también anunció que las autoridades solicitarán aclaraciones al Tribunal y buscarán ajustar el proceso a las condiciones jurídicas y técnicas que establezca la decisión.
Por ahora, el mensaje oficial es que la suspensión afecta los convenios para implementar el nuevo modelo de producción, no la posibilidad de que los colombianos soliciten y reciban sus pasaportes.
