El Ministerio dejó sin efecto el acto que ordenaba su reemplazo tras reconocer fallas en la notificación de la medida
El Ministerio de Educación Nacional dejó sin efecto la decisión que ordenaba el reemplazo de Leyton Daniel Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, por lo que el directivo continúa en el cargo con plenas funciones, mientras se resuelven los procesos administrativos y judiciales en curso.
La determinación del Ministerio se produjo luego de revisar el procedimiento mediante el cual se notificó la suspensión del rector, orden emitida a mediados de diciembre. De acuerdo con la nueva comunicación oficial, la cartera educativa reconoció que no existía autorización válida para realizar la notificación por medios electrónicos, lo que viciaba el acto administrativo que pretendía apartar a Barrios del cargo.
La decisión inicial había generado un fuerte ambiente de incertidumbre institucional dentro de la universidad, ya que no se había designado de manera clara un rector encargado, lo que llevó incluso a la suspensión de sesiones del Consejo Superior Universitario y a preocupación entre estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.
Con la revocatoria de la notificación, el Ministerio restableció la situación administrativa previa, permitiendo que Leyton Barrios permanezca al frente de la rectoría mientras avanzan los recursos legales relacionados con su elección para el periodo 2025-2029. Entre estos procesos se encuentran acciones judiciales interpuestas tanto por su defensa como por sectores que cuestionan la legalidad del procedimiento de designación.
La permanencia de Barrios en el cargo busca, según fuentes cercanas al proceso, evitar una parálisis administrativa y académica en la institución, especialmente en una etapa clave del calendario universitario, marcada por cierres académicos, graduaciones y planeación del próximo semestre.
Aunque la decisión del Ministerio representa un alivio temporal para la estabilidad de la Universidad del Atlántico, el panorama sigue abierto, ya que las controversias jurídicas sobre la rectoría continúan su curso. Mientras tanto, la comunidad universitaria espera que se garantice la normalidad académica y administrativa, a la espera de definiciones de fondo por parte de las autoridades competentes.
