El ente de control pidió al Gobierno revisar aspectos jurídicos, económicos y sociales antes de modificar los límites de la VIS.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Vivienda para que revise y ajuste el proyecto de decreto que propone modificaciones en los topes y condiciones de comercialización de la Vivienda de Interés Social (VIS).
En el marco de su labor preventiva, el organismo señaló la importancia de reforzar puntos clave como la claridad jurídica de la medida, su viabilidad económica en diferentes regiones del país, la implementación de reglas de transición para proyectos en curso y el análisis del impacto social que podrían generar estos cambios.
Aunque la iniciativa busca ofrecer mayor transparencia en los precios y proteger a los compradores frente a posibles incrementos inesperados, la Procuraduría advirtió que también podría afectar la oferta de vivienda, la ejecución de proyectos en ciertas zonas y el acceso real de las familias a este tipo de soluciones habitacionales.
El ente de control precisó que su intervención tiene como objetivo anticipar posibles riesgos y aportar recomendaciones para que las decisiones se adopten bajo criterios técnicos, legales y con enfoque social, sin interferir en las competencias propias del Ministerio.
