El organismo de control abrió indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en decenas de procesos contractuales.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada, ante presuntas irregularidades en procesos contractuales que involucran recursos públicos y del Sistema General de Regalías. La decisión se produjo tras denuncias y alertas que advierten posibles vulneraciones a los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad en la contratación.
Según el ente de control, la indagación se concentra inicialmente en 49 contratos suscritos por el Fondo con diferentes entidades territoriales, varios de ellos bajo la modalidad de prestación de servicios y ejecución directa de proyectos. La Procuraduría busca establecer si estos procesos se ajustaron a los manuales de contratación vigentes, si los objetos contractuales fueron correctamente ejecutados y si los pagos, incluidos anticipos, contaron con la debida justificación técnica, financiera y legal.
Entre los casos bajo revisión figura un contrato superior a los 18.000 millones de pesos, suscrito con la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta, para la elaboración de estudios y diseños de infraestructura vial rural. Este proceso ha sido cuestionado por presuntas falencias en la planeación y en la aplicación de los criterios de selección, lo que habría limitado la pluralidad de oferentes y el acceso competitivo a los recursos públicos.
La investigación también examina si el Fondo Mixto Sierra Nevada contaba con la capacidad técnica, operativa y financiera necesaria para actuar como ejecutor de proyectos en distintas regiones del país. De acuerdo con los señalamientos preliminares, en algunos casos la entidad habría asumido funciones sin cumplir plenamente los requisitos legales exigidos para la administración y ejecución de recursos de regalías, lo que podría implicar un uso inadecuado de estas partidas.
El Fondo Mixto ha sido objeto de observaciones previas por parte de organismos de control, que han advertido sobre el manejo de altos volúmenes de recursos mediante esquemas contractuales que podrían eludir controles más estrictos, especialmente en proyectos desarrollados en departamentos como Arauca, Casanare, Vaupés y Meta. Estas alertas han encendido las alarmas sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre este tipo de entidades.
La Procuraduría indicó que la indagación preliminar tiene como objetivo determinar si existen faltas disciplinarias, establecer eventuales responsabilidades individuales y definir si se vulneraron los deberes de la función pública. A medida que avance la investigación, el ente de control no descarta la apertura de procesos disciplinarios formales contra funcionarios o particulares que hayan participado en los contratos bajo la lupa.
