Senadores solicitan plenaria para analizar el decreto y advierten riesgos para el equilibrio institucional.
Varios congresistas solicitaron formalmente la convocatoria de una plenaria del Senado de la República para ejercer control político frente a la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, una medida que ha desatado un intenso debate jurídico y político sobre su legalidad, oportunidad y efectos sobre el equilibrio de poderes.
La petición fue elevada al presidente del Congreso, Lidio García, por iniciativa del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien recordó que el control político del Legislativo no se suspende durante el receso parlamentario. En su comunicación, el congresista insistió en que la plenaria debe reunirse de manera urgente para analizar las razones expuestas por el Ejecutivo y debatir públicamente las implicaciones de un decreto que habilita al Gobierno a expedir normas con fuerza de ley.
Motoa cuestionó la declaratoria de emergencia económica al considerar que no se cumplen los requisitos constitucionales para acudir a un estado de excepción, y advirtió que la situación fiscal del país era previsible y debía ser enfrentada a través de los mecanismos ordinarios del Congreso. Según el senador, la medida podría representar una afectación a la separación de poderes, al desplazar el rol legislativo en decisiones de alto impacto económico y social.
El parlamentario también anunció que sectores de la oposición evalúan acciones jurídicas, entre ellas una demanda de inconstitucionalidad y la solicitud de suspensión provisional del decreto ante la Corte Constitucional. De acuerdo con la Constitución, aunque el pronunciamiento del Congreso sobre una emergencia económica no es vinculante, sí constituye un elemento clave de control político y transparencia, al permitir que el país conozca los argumentos del Gobierno y las posiciones de las distintas bancadas.
La solicitud de convocatoria del Senado se suma a los llamados de gremios económicos y sectores sociales que han pedido un examen riguroso e inmediato de la declaratoria, en un contexto marcado además por la vacancia judicial y la expectativa de que la Corte Constitucional convoque una Sala Plena extraordinaria para revisar el decreto.
Mientras el Gobierno defiende la emergencia como una herramienta para enfrentar un déficit fiscal significativo, la discusión en el Congreso promete convertirse en un nuevo escenario de confrontación política, con implicaciones directas sobre la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el rumbo económico del país.
