Tambien llamó a juicio al excongresista Juan Diego Muñoz.
En una decisión sin precedentes que sacude los cimientos del Congreso, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Wadith Manzur (Partido Conservador) y la representante a la Cámara Karen Manrique. Ambos legisladores son señalados de participar activamente en el entramado de corrupción que saqueó recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Tras una sesión extraordinaria, el alto tribunal notificó la acusación formal contra los congresistas por el delito de cohecho impropio. La investigación arroja que Manzur y Manrique habrían «negociado» sus funciones dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de beneficios económicos y burocráticos.
El proceso judicial detalla un esquema de «intercambio de favores» ocurrido durante el segundo semestre de 2023:
- Los congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito necesarias para dicha cartera. A cambio de su voto positivo, se acordó el impulso de contratos y obras de interventoría en tres proyectos específicos de la UNGRD ubicados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
- La Corte cuenta con evidencia de reuniones donde se definieron los montos y la forma en que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los legisladores.
La decisión de la Corte no se limita a las órdenes de captura. El alto tribunal también llamó a juicio a otros cuatro legisladores y exlegisladores vinculados a la red de sobornos, aunque estos enfrentarán el proceso en libertad (sin medida restrictiva):
- Liliana Esther Bitar Castilla (Senadora).
- Juan Pablo Gallo Maya (Senador).
- Julián Peinado Ramírez (Representante).
- Juan Diego Muñoz Cabrera (Excongresista).
La captura de Wadith Manzur genera un terremoto dentro del Partido Conservador, dado que fue el senador más votado de esa colectividad en las recientes elecciones del 8 de marzo. Este fallo pone en duda la legitimidad de varios procesos de crédito público aprobados recientemente y deja en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones frente a la captura por intereses privados y gubernamentales.
Mientras Manzur y Manrique son trasladados a centros de reclusión, la Sala de Instrucción continúa con la práctica de pruebas para determinar el alcance total de este entramado que vincula directamente a altos funcionarios del Gobierno con la rama legislativa.
