La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) emitió un enérgico pronunciamiento contra el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, recientemente expedido por el Gobierno nacional para reorganizar el sistema de aseguramiento en salud y trasladar afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS).
En un comunicado difundido este viernes, Acemi advirtió que no puede trasladarse a los usuarios de una EPS con buen desempeño a otra donde la atención sea deficiente o exista riesgo de que “los dejarán morir”, en referencia a posibles consecuencias negativas para la atención médica de los pacientes si estos cambios se hacen sin garantías de capacidad de servicio.
El decreto busca redistribuir alrededor de 6,5 millones de afiliados en todo el país y reorganizar la operación de las EPS según criterios territoriales y de cobertura, con el objetivo, según el Gobierno, de mejorar la eficiencia, equilibrio operativo y cobertura del sistema de salud.
Acemi cuestionó que esta redistribución masiva pueda afectar la continuidad y oportunidad de la atención, especialmente si los usuarios son asignados a entidades que no cuentan con la infraestructura o capacidad operativa suficientes. Además, el gremio argumentó que cambios de esta magnitud deberían tramitarse por ley y no por decreto, y advirtió sobre un posible mayor deterioro del sistema si no se equilibra la capacidad de las EPS que cedan y reciban afiliados.
La discusión sobre la medida ha desencadenado reacciones en varios sectores, incluidos políticos y expertos en salud. Por ejemplo, el representante a la Cámara Andrés Forero ya solicitó al Consejo de Estado suspender el decreto al considerarlo inconstitucional y contrario a fallos judiciales previos relacionados con la reubicación de usuarios en el sistema.
Mientras tanto, las autoridades defienden la norma como parte de una reforma estructural para enfrentar la crisis del sistema de salud y garantizar la prestación de servicios en todo el territorio nacional, aunque el debate sobre su impacto en la calidad de atención y el derecho a la libre escogencia continúa abierto.
