Organizaciones que trabajan con población extranjera respaldaron las medidas de seguridad anunciadas en Barranquilla, pero advirtieron que la situación migratoria irregular no debe confundirse con la comisión de delitos.
Los operativos anunciados por el Gobierno nacional para identificar a extranjeros en situación migratoria irregular abrieron un nuevo debate en Barranquilla: cómo fortalecer el control sin dejar de lado los derechos de quienes buscan establecerse legalmente en el país.
Durante el consejo de seguridad realizado en la capital del Atlántico, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que las autoridades comenzarían esta semana operativos en Barranquilla y los municipios del área metropolitana para detectar a migrantes que no tengan regularizada su permanencia. El mandatario señaló que la prioridad estará puesta en quienes puedan estar relacionados con actividades delictivas.
La medida recibió respaldo de distintas organizaciones que trabajan con población migrante. Sin embargo, sus representantes pidieron que los procedimientos estén acompañados de garantías legales, mecanismos de regularización y una evaluación individual de cada caso.
La organización Venezolanos en Barranquilla reconoció que el Estado tiene la facultad de controlar sus fronteras, verificar la situación de los extranjeros y actuar frente a quienes infrinjan la ley.
También manifestó que cualquier persona involucrada en un delito debe responder ante las autoridades, independientemente de su nacionalidad. No obstante, insistió en que una situación migratoria irregular no puede convertirse por sí sola en un indicador de criminalidad.
La organización pidió que los controles permitan analizar las circunstancias particulares de cada persona y que existan alternativas para quienes puedan demostrar arraigo, vínculos familiares, presencia de niños, condiciones de vulnerabilidad o necesidades de especial protección.
El llamado apunta a que las acciones de seguridad no terminen afectando a familias migrantes que trabajan, estudian o desarrollan actividades económicas en el país sin estar involucradas en hechos delictivos.
Una posición similar planteó Gaby Arellano, gerente de la Fundación Juntos se Puede, entidad dedicada al acompañamiento de migrantes en Bogotá.
Para la dirigente, uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será combinar las medidas de control con una estrategia que facilite la regularización, integración y vinculación productiva de la población migrante, con el respaldo de organismos de cooperación internacional.
Arellano sostuvo que ampliar las posibilidades de regularización también tendría efectos económicos. Según su planteamiento, contar con documentación en regla puede facilitar el acceso al empleo formal, disminuir la informalidad y ampliar la participación de los migrantes en los sistemas parafiscales y en la economía nacional.
La representante también señaló que una parte de la migración irregular está relacionada con la situación humanitaria de Venezuela y no necesariamente con una decisión deliberada de permanecer al margen de las normas colombianas.
Por ello, pidió evitar que quienes llegan al país terminen expuestos a trabajos informales, redes criminales o condiciones de exclusión.
En Barranquilla, Alejandro De la Hoz, director de la Agencia Cultural 780, también llamó a mantener la calma frente a los nuevos controles.
La organización, que trabaja en procesos de integración de población migrante en la ciudad, solicitó que las autoridades garanticen el debido proceso y el respeto por los derechos humanos durante los procedimientos.
De la Hoz consideró especialmente importante diferenciar dos situaciones: los extranjeros que puedan estar relacionados con delitos y aquellos que tienen una condición migratoria irregular, pero desarrollan actividades laborales y contribuyen a la economía local.
La expectativa de las organizaciones es que los operativos anunciados por el Gobierno se desarrollen bajo criterios claros y sin generar una estigmatización generalizada de las familias migrantes.
Además de solicitar mayores alternativas de regularización, las organizaciones plantearon la necesidad de mejorar las capacidades institucionales de Migración Colombia.
Arellano consideró prioritario que la entidad vuelva a contar con información actualizada y confiable sobre la población extranjera que permanece en el país, así como con una capacidad operativa suficiente en los principales puntos de control y en las ciudades capitales.
A su juicio, las dificultades en los mecanismos de control y regularización también complican la posibilidad de establecer con precisión cuántos extranjeros, incluidos ciudadanos venezolanos, se encuentran actualmente en situación irregular.
Desde Venezolanos en Barranquilla propusieron, además, crear una mesa de trabajo con participación del Gobierno nacional, la Cancillería y Migración Colombia.
La propuesta contempla incorporar a la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos de refugiados y migrantes.
El objetivo sería establecer un espacio de coordinación que permita abordar simultáneamente seguridad, regularización, protección de derechos e integración, mientras avanzan los operativos anunciados para Barranquilla y su área metropolitana.
