Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO Abogado, criminólogo y escritor
La llegada de un nuevo gobierno en Colombia para el período 2026-2030, encabezado por un virtual triunfo de Iván Cepeda Castro, plantea la necesidad de impulsar, junto con la comunidad global, una nueva estrategia mundial en materia de drogas ilícitas. Dicha orientación no puede continuar subordinada a intereses geopolíticos dominantes, ni ser empleada como instrumento de coacción económica, gubernamental o militar contra otros Estados. Por el contrario, debe estructurarse bajo el principio de cooperación, el respeto a la soberanía estatal y el orden jurídico internacional, considerando que el narcotráfico constituye una criminalidad transnacional organizada que exige un enfoque integral de política criminal.
En ese marco, se torna indispensable rechazar las acciones extraterritoriales y bombardeos unilaterales ejecutadas por los Estados Unidos contra presuntos transportadores de sustancias ilícitas fuera de su territorio. Tales actuaciones vulneran la autonomía y el debido proceso, afectando además la investigación penal y criminológica, al privilegiar una doctrina represiva de seguridad sobre enfoques preventivos y socio jurídicos.
Es necesario advertir que nadie puede asumirse como potestad supranacional antidrogas, ni imponer medidas coercitivas unilaterales en materia de estupefacientes. Entre estas prácticas se encuentran la descertificación, la imposición arancelaria, las exigencias de extradición, el espionaje y las injerencias en asuntos internos e incluso acciones de carácter invasivo.
Asimismo, en el transcurso del mandato de Donald Trump se han presentado situaciones contradictorias frente a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, particularmente mediante el otorgamiento de beneficios presidenciales o medidas de clemencia a personas vinculadas con estructuras criminales. Uno de los casos más controvertidos ha sido el del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en los Estados Unidos por tres delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. A ello se suma que, durante su permanencia en la presidencia de Honduras, habría contratado a la firma BGR Group para desarrollar actividades de lobby y mejorar su imagen ante sectores políticos y gubernamentales en Norteamérica. Según diversos cuestionamientos públicos, dicha compañía también realizó aportes o mantenía vínculos de apoyo político con campañas de Marco Rubio al Senado y en el escenario presidencial de 2016, lo que ha generado debates acerca de posibles conflictos de interés y sobre la coherencia ética de ciertos ámbitos que lideran la política antidrogas mundial.
Por ello, la futura administración de Iván Cepeda Castro deberá apoyarse en expertos en derecho internacional, cooperación judicial penal y seguridad global, para gestionar tensiones externas. Actualmente, ciertas potencias utilizan la estigmatización como mecanismo de exigencia, acusando de narcotráfico o corrupción a gobiernos no alineados, lo que puede derivar en desestabilización institucional e intervenciones bajo discursos de imponer “orden”, cuando ocurre precisamente lo contrario.
Finalmente, América Latina y los países caribeños deben avanzar hacia una verdadera unidad regional, superando divisiones ideológicas, electorales o partidistas, con el propósito de construir una posición común y soberana de acción conjunta contra el comercio ilegal de estupefacientes. Solo mediante la integración será posible fortalecer nuestra legitimidad frente al tío Sam
