La investigación se centra en el traslado de más de $8,7 billones correspondientes a afiliados que ya obtuvieron su pensión tras cambiarse del régimen privado al público.
La tensión alrededor del sistema pensional colombiano sumó un nuevo capítulo. La Superintendencia Financiera confirmó la apertura de investigaciones contra fondos privados de pensiones por recursos que todavía no han sido transferidos a Colpensiones, pese a que miles de afiliados ya consolidaron su derecho pensional.
La decisión llega después de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la suspensión judicial del decreto que reglamentaba estos movimientos de dinero entre los fondos privados y el sistema público.
Según informó la Superfinanciera, el proceso involucra recursos cercanos a los 8,7 billones de pesos. El monto corresponde a 32.803 personas que realizaron el traslado desde las AFP hacia Colpensiones y ya cumplen las condiciones para pensionarse.
De ese total, 24.331 afiliados ya están recibiendo sus pagos mensuales a través de Colpensiones.
La entidad explicó que las investigaciones buscan determinar si existieron incumplimientos relacionados con la entrega de esos recursos y adoptar las medidas legales necesarias para proteger a los usuarios del sistema financiero y garantizar estabilidad en el esquema pensional.
El origen del conflicto está relacionado con el Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno para fijar plazos y condiciones sobre el traslado de dineros entre administradoras privadas y Colpensiones. Sin embargo, la norma quedó suspendida provisionalmente tras decisiones adoptadas por el Consejo de Estado el 28 de abril y el 11 de mayo de este año.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza frente a esa determinación judicial y anunció nuevas medidas administrativas y legales para asegurar el traslado de los recursos.
Durante un consejo de ministros, el mandatario aseguró que no comparte la suspensión ordenada por el alto tribunal y afirmó que se están afectando derechos relacionados con los ahorros pensionales de miles de trabajadores.
Petro también ordenó a la Secretaría Jurídica de Presidencia revisar posibles incumplimientos del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, norma que permite a trabajadores que estén a menos de diez años de pensionarse trasladarse entre regímenes hasta el próximo 16 de julio.
Además de la investigación anunciada por la Superintendencia Financiera, el jefe de Estado advirtió que podrían iniciarse acciones administrativas y penales contra directivos o propietarios de fondos privados si no se efectúan los giros correspondientes.
En medio de la controversia, el Gobierno insiste en que los recursos deben trasladarse a Colpensiones para garantizar el pago de las obligaciones adquiridas con los afiliados que ya realizaron el cambio de régimen.
