Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO Abogado, criminólogo y escritor
La llegada a Barranquilla del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, generó expectativa respecto de una posible acción coordinada contra el narcotráfico. Sin embargo, no se suscribió ningún acuerdo bilateral ni instrumento jurídicamente vinculante. De hecho, lo único que surgió fue la voluntad de seguir contrarrestando un fenómeno que dejó de ser doméstico hace décadas y hoy se extiende por todo el planeta. En definitiva, lo que predominó fue la verborragia y las palabras terminaron llevándoselas el viento, como hojas sin rumbo.
Algo que me causó mayor sorpresa fue ver a Rubio recibir un tratamiento protocolario que, por momentos, parecía propio de un jefe de Estado, incluso con alfombra roja y un despliegue oficial de alto nivel, lo que llevó a considerar si semejante ceremonia resultaba proporcional al cargo que representa.
El encuentro tuvo así un carácter eminentemente político, más que un pacto práctico dirigido a desmontar grupos criminales de alcance internacional. Ahora bien, los documentos suscritos versaron sobre minerales estratégicos y tierras raras, para fortalecer cadenas de suministro y la cooperación nuclear con fines pacíficos. Es preciso señalar que lo que se trató fueron memorandos de entendimiento, sin carácter obligatorio.
La gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú consolidó el monopolio geopolítico de Estados Unidos sobre los recursos mineros suramericanos, bajo el argumento de combatir el crimen, mientras Washington ató legalmente el acceso preferencial al cobre, litio y tierras raras andinos para alimentar de forma exclusiva su maquinaria militar, blindar su industria de microchips y garantizar su dominio tecnológico frente a la potencia China. Al final, fue una misión de saqueo corporativo para asegurar que los insumos vitales del siglo XXI queden en manos de la Casa Blanca.
Es hora de que las autoridades colombianas replanteen a fondo su enfoque, habida cuenta de que la problemática ya no puede tratarse como un asunto bilateral entre dos naciones, toda vez que la producción, distribución, financiación, comercialización y consumo conforman un engranaje que cruza múltiples fronteras. En efecto, lo que sale del territorio nacional no va solo al norte: también llega en gran volumen a Europa, África, Asia y Oceanía, mientras estructuras financieras y logísticas operan a escala planetaria.
Por ello, la colaboración antidroga debe ampliarse a un esquema multinacional, en el que participen países de origen, tránsito y destino. Desde esta óptica, se podría superar la posición hegemónica y autoritaria de Washington, propiciando una alianza global sustentada en responsabilidades compartidas, intercambio de información, asistencia judicial, persecución del lavado de activos, control de insumos químicos y desarticulación de las redes económicas que lo sostienen.
Adoptar una visión amplia no implica alejarse ni enfrentarse, sino reconfigurar vínculos con base en el respeto mutuo, la igualdad y la soberanía. No obstante, el gobierno estadounidense sigue utilizando esta actividad ilícita como herramienta de presión para someter e imponer sanciones financieras, efectuar listados de organizaciones terroristas, condicionar ayudas y comercio, desplegar agentes en suelo ajeno, establecer restricciones de visados, promover la extradición forzada, implementar certificaciones unilaterales y ejecutar operaciones militares, además de realizar bombardeos arbitrarios. De este modo, lo que verdaderamente prevalece es la fuerza bruta, sin valorar pruebas y bloqueando toda vía legal. Estados Unidos asume los roles de juez, acusador y verdugo.
Proponer cambios no equivale a crear tensiones. Por el contrario, supone reconocer que las medidas aplicadas durante décadas no lograron contener el mercado clandestino de sustancias. De ahí que la pregunta ineludible sea por qué, tras tantos años de esfuerzos, el negocio sigue creciendo. En ese contexto, la relación no puede seguir siendo de sumisión, sino transformarse en un compromiso recíproco, donde cada Estado asuma su parte y ninguno se arrogue una facultad que corresponde al conjunto. En consecuencia, Colombia requiere actuar con inteligencia, con autonomía de criterio y abierta al mundo, para corregir errores pasados y responder a un nuevo reto.
