Washington publicará este martes su evaluación sobre los países vinculados a la producción y tránsito de drogas. La cooperación del nuevo Gobierno colombiano podría jugar a favor, pero la revisión toma como referencia principalmente lo ocurrido durante los 12 meses anteriores.
La decisión que tome Estados Unidos este martes puede marcar nuevamente el rumbo de la cooperación antidrogas con Colombia. Un año después de que Washington retirara al país de su lista de naciones certificadas, el Gobierno colombiano espera conocer si recuperará esa condición.
El proceso tiene una particularidad clave: la evaluación no se concentra únicamente en la situación actual, sino que analiza el comportamiento de cada país durante los 12 meses anteriores a la determinación.
Por eso, aunque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó recientemente el cambio en la relación con la actual administración colombiana, también advirtió que los resultados del periodo anterior serán determinantes.
En septiembre de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro, la administración de Donald Trump concluyó que Colombia había incumplido de manera manifiesta sus compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas.
Uno de los principales puntos de diferencia fue el cambio de estrategia frente a los cultivos de coca. Desde su llegada a la Presidencia en 2022, Petro suspendió la erradicación forzada como eje principal de la política antidrogas.
Estados Unidos cuestionó esa orientación mientras los cultivos de coca y la producción de cocaína alcanzaban niveles récord.
Washington también señaló que los intentos del Gobierno Petro de alcanzar acuerdos con organizaciones armadas y narcotraficantes no habían conseguido contener la expansión del problema.
La pérdida de la certificación no es un asunto meramente diplomático. También puede afectar la cooperación estadounidense destinada a combatir estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc que permanecieron al margen del acuerdo de paz de 2016.
El mecanismo utilizado por Washington contempla una revisión anual de los principales países productores y de tránsito de drogas ilícitas.
El presidente de Estados Unidos debe presentar un informe en el que identifique a esos países y determine cuáles han incumplido de forma manifiesta sus compromisos derivados de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y de la legislación estadounidense.
La evaluación corresponde al periodo de los 12 meses anteriores a la decisión.
La legislación estadounidense establece además consecuencias para los países considerados incumplidores que no reciban una exención presidencial.
Entre ellas está la retención del 50 % de determinados tipos de asistencia estadounidense. La normativa también contempla que, salvo excepciones, se suspenda la ayuda exterior, aunque quedan protegidos los recursos destinados a asistencia humanitaria y a programas de lucha contra las drogas.
Otra consecuencia prevista es que Estados Unidos vote en contra de la financiación de seis bancos multilaterales de desarrollo destinada al país señalado.
Los países involucrados deben ser reportados al Congreso estadounidense antes del 1 de noviembre, mientras que la determinación presidencial de certificación se realiza el 15 de septiembre.
La reciente visita de Marco Rubio a Barranquilla puso sobre la mesa una posibilidad que Colombia espera con especial atención: recuperar la certificación.
El secretario de Estado estadounidense reconoció que la relación con la administración del presidente Abelardo De la Espriella presenta una dinámica diferente a la del Gobierno anterior.
Sin embargo, explicó que esa cooperación no puede modificar por sí sola la evaluación correspondiente al periodo que ya fue objeto de revisión.
Rubio señaló que la determinación de este año considera las acciones desarrolladas durante el año anterior, mientras que la cooperación que actualmente mantiene Washington con Bogotá tendrá mayor peso en la evaluación que se realice posteriormente.
En otras palabras, el cambio de Gobierno puede mejorar las perspectivas de Colombia, pero sus efectos podrían reflejarse con mayor claridad en la próxima revisión anual.
La expectativa ahora está puesta en el anuncio de Washington y, con él, en las condiciones que Estados Unidos establezca para la relación antidrogas con Colombia durante el próximo año.
