Congresistas de Atlántico y Bolívar piden excepciones para las zonas de altas temperaturas, mientras los gremios advierten que el país necesita reducir el consumo para evitar un posible racionamiento.
Mientras buena parte del Caribe enfrenta jornadas de calor extremo, una nueva discusión se abrió alrededor de las medidas nacionales para reducir el consumo de electricidad.
Congresistas de la región cuestionan que los usuarios puedan recibir cobros adicionales si superan su meta individual de consumo, al considerar que en departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira el uso prolongado de ventiladores y aires acondicionados está directamente relacionado con las condiciones climáticas.
La controversia surgió después de que el presidente Abelardo De la Espriella confirmara la aprobación de dos medidas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), incluidas en el programa ‘Energía Ya’, diseñado para proteger el sistema eléctrico ante los efectos de El Niño.
La estrategia comenzó a aplicarse desde el 1.º de septiembre en todo el país, con excepción de las zonas afectadas por el terremoto.
El objetivo es incentivar un menor consumo y proteger las reservas de agua de los embalses ante la temporada seca. Sin embargo, desde el Caribe consideran que la fórmula no tiene en cuenta las particularidades de las regiones con temperaturas más elevadas.
Uno de los principales argumentos de los congresistas es que reducir el consumo no significa lo mismo en Barranquilla que en ciudades del interior.
Durante el último fin de semana, algunos sectores de la capital del Atlántico llegaron a registrar una sensación térmica de hasta 53 °C durante las horas de mayor calor.
En estas condiciones, sostienen los parlamentarios, el aire acondicionado y los ventiladores dejan de ser elementos asociados al confort y pasan a cumplir una función necesaria para soportar las temperaturas.
El representante a la Cámara por Atlántico Samir Radi pidió al presidente reconsiderar la aplicación de la medida en la región.
Para el congresista, una política de ahorro energético debería incorporar variables climáticas y demográficas de cada territorio, especialmente si el propósito es avanzar hacia una mayor descentralización.
Radi también cuestionó que los mismos parámetros de consumo sean utilizados para zonas con condiciones meteorológicas muy diferentes.
Aunque respaldó la necesidad de proteger el sistema eléctrico, considera que el mecanismo puede terminar penalizando a familias que aumentan su consumo simplemente para enfrentar el calor.
El representante extendió el llamado a la Creg para revisar la resolución y aseguró que desde el Congreso acompañarán las acciones destinadas a evitar una crisis energética, pero sin dejar de defender las necesidades de la región Caribe.
El representante Estefanel Gutiérrez también expresó públicamente su desacuerdo.
A través de X, el congresista respondió directamente al jefe de Estado y aseguró que no respaldará la medida aplicada al Caribe.
Su argumento se centra en las condiciones particulares de la región. Según Gutiérrez, los usuarios costeños enfrentan temperaturas extremas y, al mismo tiempo, históricamente han reclamado por la calidad del servicio y el valor de las tarifas.
Por esa razón, considera que incrementar el costo para quienes necesitan consumir más electricidad durante una ola de calor sería una medida injusta.
La representante a la Cámara por Bolívar Juliana Aray coincidió en que la política necesita ajustes para las zonas cálidas.
Aray reconoció el riesgo que representa El Niño para el sistema energético y la importancia de reducir la presión sobre los embalses, pero señaló que el Caribe tiene necesidades diferentes debido a sus temperaturas.
En lugar de concentrar el esfuerzo en posibles cobros adicionales, propuso implementar campañas de uso eficiente de la electricidad, incentivar la sustitución de electrodomésticos antiguos por equipos de menor consumo y acelerar la instalación de sistemas de generación solar.
La congresista también solicitó que la Creg y el Ministerio de Minas y Energía analicen una fórmula diferenciada para los territorios con temperaturas elevadas o que, al menos, estudien la posibilidad de incluir municipios del Caribe entre las excepciones.
La discusión también llegó al Senado.
El senador Gonzalo Baute, de Cambio Radical, cuestionó que los criterios utilizados para medir el consumo sean iguales en todo el país cuando existen diferencias importantes entre las condiciones climáticas de las regiones.
Según Baute, en algunas zonas del Caribe las temperaturas superan los 37 °C, mientras que la sensación térmica puede alcanzar los 41 °C.
Por ello, considera que las políticas de ahorro deben contemplar las necesidades específicas de cada territorio.
El senador anticipó que llevará nuevamente la discusión al Congreso y que buscará que la decisión sea revisada durante esta semana.
La posición de los congresistas costeños contrasta con la de los principales gremios del sector eléctrico.
Los presidentes de Andesco y Acolgen respaldaron las medidas adoptadas por el Gobierno y la Creg, argumentando que el país necesita reducir el consumo para atravesar el periodo de El Niño sin llegar a un racionamiento.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que actualmente existe un desbalance superior al 4 % entre la oferta y la demanda de electricidad.
Ante este escenario, el gremio considera necesario conseguir un ahorro superior al 10 % para disminuir la presión sobre el sistema y evitar una eventual crisis de abastecimiento.
La comparación con la crisis energética de 2016 también está sobre la mesa, pues los gremios consideran que el ahorro requerido ahora debería superar los niveles alcanzados durante aquella emergencia.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, defendió igualmente el mecanismo y pidió que no sea interpretado como una penalización automática para los usuarios.
La dirigente explicó que la intención es mantener controlado el consumo durante los meses más críticos y conservar el agua disponible en los embalses.
Según su explicación, mientras el usuario no supere en más de 10 % su referencia de consumo, no tendría un incremento de la factura por este mecanismo. Además, quienes reduzcan su consumo podrían recibir incentivos posteriormente.
Frente a la preocupación específica del Caribe, Gutiérrez aclaró que la campaña no pretende que los habitantes dejen de utilizar ventiladores o aires acondicionados.
El llamado, dijo, es a evitar consumos innecesarios.
Entre las recomendaciones están utilizar bombillos eficientes, desconectar aparatos que no estén siendo utilizados y apagar ventiladores cuando no sean necesarios.
Sobre la posibilidad de establecer una tarifa especial o una excepción para las regiones cálidas, señaló que esa decisión corresponde a la Creg y al Ministerio de Minas y Energía.
Gutiérrez también rechazó la afirmación de que el Caribe tenga actualmente las tarifas eléctricas más altas del país y sostuvo que sus valores son comparables con los de Bogotá, donde incluso se habrían registrado precios superiores en determinados meses.
Así, mientras el Gobierno y los gremios advierten que el ahorro es necesario para proteger el sistema durante El Niño, desde el Caribe se mantiene la presión para que cualquier estrategia nacional tenga en cuenta una realidad que, para sus habitantes, resulta difícil de ignorar: cuando las temperaturas se disparan, reducir el consumo eléctrico no siempre es una cuestión de voluntad.
