La Comisión de Ordenamiento Territorial abrirá espacios para escuchar a las comunidades y analizará argumentos históricos, cartográficos y tributarios antes de definir el futuro de sectores como Villa Campestre y el Corredor Universitario.
La disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia llegará a una nueva etapa en el Congreso. El debate, que durante décadas ha generado demandas y controversias sobre la jurisdicción de varios sectores, tendrá ahora un componente de participación ciudadana mediante audiencias públicas.
El senador Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, anunció que estos encuentros servirán para recoger las posiciones de los habitantes y de los distintos actores involucrados en el conflicto.
Entre las zonas que están en el centro de la discusión aparecen Villa Campestre, el Corredor Universitario y Ciudad de Mallorquín, territorios cuya jurisdicción ha sido objeto de diferencias entre ambos municipios.
Los planteamientos que surjan de las audiencias serán incorporados como elementos de análisis para la ponencia que posteriormente deberá estudiar la Comisión.
Meisel señaló que el documento elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) debe ser entendido como uno de los insumos disponibles y no como una decisión definitiva sobre el diferendo.
El congresista aseguró que la intención es acelerar el trámite para entregar una definición que permita acabar con la incertidumbre que ha acompañado al conflicto durante años.
La controversia, según explicó, acumula cerca de 30 años de demandas y litigios. Por eso, desde la Comisión se busca avanzar en el proceso y establecer con claridad la delimitación territorial.
La participación de la ciudadanía tendrá un papel importante, aunque no será el único criterio utilizado para tomar una decisión.
El representante a la Cámara Jaime Santamaría, integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial, sostuvo que los argumentos de las comunidades deberán contrastarse con otros elementos técnicos.
En particular, mencionó la necesidad de revisar los antecedentes históricos, la información cartográfica y las consecuencias tributarias que podría generar una modificación de los límites para los municipios y para las personas que viven en las zonas involucradas.
La discusión, explicó, deberá permitir que el Congreso escuche a las partes, consulte a especialistas y evalúe los diferentes documentos antes de adoptar una posición.
El objetivo, agregó, no debería ser favorecer a Barranquilla o a Puerto Colombia, sino encontrar una salida que beneficie a los habitantes afectados por una controversia que lleva décadas sin una solución definitiva.
Desde la administración distrital también se ha fijado posición frente al proceso.
La gerente de Ciudad de Barranquilla, Ana María Aljure, afirmó que el Distrito cuenta con antecedentes técnicos e históricos que respaldan su reclamación sobre Villa Campestre y otros sectores del área en disputa.
Aljure hizo referencia al periodo comprendido entre 2005 y 2009, después de la anulación de la ordenanza de 1999. Según explicó, durante ese periodo el Igac habría elaborado un informe técnico en el que se establecían los límites de Barranquilla e incluía dentro de ellos sectores como Villa Campestre y el Corredor Universitario.
Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el efecto que podría tener el informe técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi mientras el Congreso estudia el caso.
De acuerdo con la explicación entregada por Aljure, el Congreso dispone de un año para expedir una ley que establezca formalmente los límites.
Si durante ese periodo no se adopta la regulación correspondiente, entraría en vigencia el límite definido de manera provisional por el Igac, según la interpretación expuesta por la funcionaria.
Esto convierte el trámite legislativo en un momento determinante para el futuro administrativo de las zonas involucradas.
Por ahora, la Comisión de Ordenamiento Territorial deberá escuchar a las comunidades, revisar los argumentos de ambas partes y contrastar los elementos técnicos antes de avanzar hacia una decisión sobre el diferendo entre Barranquilla y Puerto Colombia.
