Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo fueron incluidos en la Alerta Temprana 019 de 2026. La entidad reportó disputas entre grupos ilegales, aumento de homicidios y riesgos especiales para mujeres, jóvenes y comunidades étnicas.
La violencia y la disputa por territorios estratégicos encendieron las alarmas en el centro del Atlántico. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019 de 2026 para cinco municipios de la subregión: Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo.
El organismo advirtió que diferentes estructuras armadas y organizaciones criminales mantienen una confrontación por el control de una zona clave para las economías ilegales y la movilidad entre varios departamentos de la región Caribe.
Según el análisis de la Defensoría, en este territorio confluyen y se disputan espacios el autodenominado EGC, organizaciones criminales regionales como Los Costeños, identificados como Bloque Resistencia Caribe, y Los Pepes, además de la incidencia de Los Rastrojos Costeños y otras bandas vinculadas a estas estructuras.
La ubicación de estos municipios convierte a la subregión en un punto de especial interés para las organizaciones criminales.
El corredor conecta el Área Metropolitana de Barranquilla con el canal del Dique y facilita la comunicación hacia los departamentos de Bolívar y Magdalena, una condición que, según la Defensoría, favorece la movilidad y las operaciones logísticas de los grupos ilegales.
En esta zona también se concentran actividades criminales relacionadas con la extorsión, el microtráfico y el hurto de ganado, fuentes de ingresos que han alimentado la disputa territorial.
Uno de los factores que agravó el panorama fue la ruptura de la tregua que mantenían Los Pepes y Los Costeños. La finalización de ese acuerdo, a comienzos de este año, habría reactivado enfrentamientos y acciones de retaliación tanto en áreas urbanas como rurales.
La Defensoría también llamó la atención sobre el crecimiento de los asesinatos en varios de los municipios bajo alerta.
En Sabanalarga, la tasa de homicidios pasó de 9,23 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025, lo que representa un incremento cercano a cuatro veces.
La situación en Baranoa muestra un aumento todavía más pronunciado. La tasa pasó de 2,16 en 2023 a 24,88 en 2025, es decir, se multiplicó por más de once.
El informe destaca hechos violentos registrados en sectores rurales, entre ellos la trocha La Tomatera, en la vía Baranoa-Polonuevo, y la carretera que conduce hacia el corregimiento de Sibarco.
La violencia contra las mujeres también registró un aumento significativo en la subregión Centro del Atlántico. Los homicidios de mujeres pasaron de un caso en 2023 a seis durante 2024, una situación que la Defensoría considera evidencia de un riesgo diferenciado.
El documento advierte que las organizaciones ilegales han extendido mecanismos de control sobre comunidades de estos municipios.
Entre las situaciones identificadas aparecen la imposición de fronteras invisibles, limitaciones para la movilidad de los habitantes y la circulación de panfletos amenazantes dirigidos contra personas estigmatizadas y migrantes.
En las zonas rurales también se han reportado patrullajes de hombres armados y presiones económicas contra la población, mediante exigencias de dinero o suministros bajo amenazas contra la vida.
La Defensoría alertó que esta situación afecta de manera particular a niños, adolescentes y jóvenes.
De acuerdo con el organismo, menores desde los 12 años estarían expuestos al reclutamiento y a su utilización en actividades ilegales como vigilancia, mensajería para estructuras criminales y explotación sexual.
Para captar a jóvenes, los grupos armados recurrirían incluso a estrategias basadas en incentivos materiales, como regalos y mercados, aprovechando la falta de oportunidades educativas y laborales en algunos territorios.
La alerta también identifica amenazas específicas contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH).
Estas poblaciones enfrentan violencias relacionadas con prejuicios y dinámicas de control territorial, incluyendo acciones utilizadas por los grupos ilegales para imponer miedo y demostrar dominio sobre las comunidades.
Asimismo, la Defensoría reportó presiones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y comunidades étnicas.
La preocupación es especialmente relevante en Luruaco y Repelón, municipios donde la población afrodescendiente supera el 70 %. Según la entidad, la violencia representa una amenaza para la autonomía y la continuidad cultural de estas comunidades.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales.
Entre las entidades llamadas a intervenir están los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas y otras instituciones responsables de garantizar la protección de la población.
La principal petición es activar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).
Con ello se busca poner en marcha acciones de protección, prevenir nuevos hechos violentos, reducir las amenazas y garantizar el acceso a la justicia para los habitantes de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, con medidas adaptadas a las condiciones de género, pertenencia étnica y características de cada territorio.
