Aunque la empresa asegura que actualmente no hay cortes por falta de generación, el avance de la sequía y una mayor dependencia del mercado de energía generan preocupación. Desde este martes también comienza un plan nacional para incentivar el ahorro.
La posibilidad de un racionamiento energético vuelve a entrar en el panorama ante la intensificación del fenómeno de El Niño. Air-e reconoció que, aunque actualmente los usuarios no enfrentan restricciones por falta de energía, el escenario podría cambiar si disminuyen de manera importante las reservas de agua del país.
El agente interventor de la compañía, Jaime Mesa, explicó que las interrupciones que hoy se registran en el servicio corresponden principalmente a mantenimientos programados, daños o fallas que afectan determinados circuitos.
Sin embargo, advirtió que una sequía más severa podría obligar a adoptar medidas de racionalización.
La preocupación está relacionada con la alta participación de la generación hidráulica dentro del sistema energético colombiano. Una reducción considerable de los recursos hídricos tendría consecuencias directas sobre la capacidad de producción de electricidad.
A este panorama se suma la situación de Air-e frente al mercado mayorista de energía.
Mesa indicó que la exposición de la empresa a la compra de energía en bolsa podría aumentar considerablemente en enero, hasta ubicarse entre 60 % y 70 %.
Según explicó, algunas generadoras no participaron en ofertas para vender energía a la compañía debido a que encuentran condiciones económicas más favorables en el mercado de bolsa.
Esta situación aumenta la preocupación sobre el comportamiento de los precios y los costos que tendría que asumir la empresa para garantizar el suministro.
El interventor también respondió a las críticas generadas por el acuerdo firmado entre Air-e y la empresa china CMC, que contempla inversiones de hasta un billón de pesos para proyectos de infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Mesa insistió en que la firma del contrato no significa que exista un crédito desembolsado ni que Air-e haya recibido recursos.
Antes de que comiencen las inversiones, será necesario cumplir varias etapas, entre ellas la firma del acta de inicio y la aprobación individual de cada proyecto.
La ejecución estaría supervisada por un comité técnico integrado por tres representantes de Air-e y dos de CMC.
De acuerdo con la explicación entregada por Mesa, la empresa china deberá presentar el diseño de cada obra, su presupuesto y el tiempo previsto para ejecutarla. Solo después de la aprobación del comité podrían realizarse los desembolsos correspondientes.
El interventor sostuvo que el acuerdo no representa una transferencia automática de dinero ni un mecanismo sin controles.
Mesa aseguró que el contrato no surgió recientemente de manera improvisada.
Según relató, el proceso comenzó con un acuerdo de confidencialidad firmado el 28 de enero de 2025. Posteriormente se suscribió un memorando de entendimiento el 3 de octubre de 2025, seguido por una primera acta de trabajo el 29 de diciembre del mismo año.
Las conversaciones quedaron suspendidas debido a la situación financiera de Air-e y posteriormente retomaron impulso tras el anuncio del Gobierno de Abelardo De la Espriella sobre la destinación de recursos para atender obligaciones pendientes con el mercado eléctrico.
Mesa también defendió su capacidad para tomar decisiones como agente especial interventor y aseguró que cuenta con autonomía para adoptar medidas relacionadas con la administración de la compañía.
Explicó que el superintendente de Servicios Públicos tiene la facultad de designar o remover al agente interventor, pero, según su interpretación, no puede intervenir directamente en sus decisiones administrativas.
Respecto a la revisión que adelanta la Procuraduría, señaló que la entidad solicitó información sobre la estructuración de la negociación, las obligaciones asumidas por Air-e y los posibles beneficios de las inversiones.
Además, indicó que el contrato podría continuar incluso si él deja el cargo, aunque su eventual sucesor tendría la posibilidad de revisar el acuerdo y decidir sobre su continuidad conforme a las facultades establecidas en la legislación.
Las explicaciones de Mesa no han cerrado el debate.
El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta cuestionó la independencia del agente interventor y consideró que una decisión de esta magnitud no puede separarse de la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Acosta afirmó que las dudas alrededor de la negociación fueron uno de los elementos que llevaron a la Procuraduría a poner la lupa sobre el denominado por algunos sectores como un posible “crédito exprés”.
Mientras Air-e defiende la legalidad y estructura del acuerdo, el debate sobre las condiciones del contrato y su impacto financiero continúa abierto.
En paralelo a las alertas por El Niño, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) pondrá en marcha desde este martes 1 de septiembre un programa transitorio para promover la reducción del consumo eléctrico en Colombia.
La estrategia tendrá inicialmente una duración de seis meses y estará dirigida a hogares y pequeños negocios.
Cada usuario contará con una meta individual de ahorro, establecida a partir de su comportamiento de consumo durante los últimos 12 meses.
La medida busca reducir la demanda de energía y contribuir a preservar las reservas hídricas del país ante el posible impacto de una temporada seca más intensa.
