Los funcionarios fueron capturados en el estado La Guaira luego de ser señalados de apropiarse de dinero y otros bienes encontrados entre los escombros. Las autoridades anunciaron su expulsión del organismo y su judicialización.
En medio de la emergencia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela la semana pasada, las autoridades informaron la captura de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), acusados de aprovechar las labores de rescate para quedarse con bienes de valor hallados entre las edificaciones colapsadas.
Los hechos ocurrieron en La Guaira, uno de los estados más golpeados por el desastre natural. De acuerdo con el director del CICPC, Douglas Rico, los uniformados habrían incumplido sus funciones al apropiarse de recursos económicos encontrados mientras participaban en los operativos de búsqueda y asistencia a las víctimas.
Como consecuencia de estos hechos, los cuatro agentes fueron expulsados de la institución y serán puestos a disposición de la justicia para responder por las investigaciones abiertas en su contra.
La denuncia tomó fuerza después de que comenzaran a circular en redes sociales varios videos en los que ciudadanos increpan a uno de los funcionarios. En las imágenes se observa cómo algunas personas lo confrontan por portar dólares en efectivo que, según las acusaciones, habrían sido extraídos de los inmuebles destruidos.
Las escenas provocaron una ola de rechazo entre los usuarios y aumentaron la presión para que las autoridades actuaran frente al caso.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que el Gobierno no tolerará este tipo de comportamientos y afirmó que los implicados deberán responder ante los tribunales.
El funcionario calificó las acciones atribuidas a los policías como actos «indecentes e inmorales», especialmente por haberse producido durante una emergencia humanitaria. Además, advirtió que cualquier servidor público que utilice su cargo para obtener beneficios personales en medio de una tragedia enfrentará las máximas sanciones previstas por la ley.
El partido opositor Primero Justicia también se pronunció sobre el caso y denunció que algunos funcionarios habrían aprovechado el desastre para enriquecerse, en lugar de concentrar sus esfuerzos en las labores de rescate y protección de la población afectada.
Mientras avanzan las investigaciones, el país continúa enfrentando las consecuencias del doble sismo registrado el pasado miércoles. Según el balance oficial divulgado este martes, la tragedia deja 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas, cifras que convierten el evento en uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en Venezuela.
