En Barranquilla, la Superintendencia confirmó la cancelación, en primera instancia, de las licencias de Atenas Seguridad Privada Ltda y Maximus Seguridad Privada Ltda.
En una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión inmediata de 31 licencias de funcionamiento a empresas que, según las investigaciones, estarían siendo utilizadas como fachada o vehículos para actividades delictivas.
El superintendente Larry Álvarez Morales advirtió sobre un patrón alarmante: organizaciones criminales están obteniendo licencias bajo todos los requisitos legales para, posteriormente, poner sus recursos —personal, armas y logística— al servicio de estructuras ilegales.
«El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales», explicó Álvarez Morales.
La medida tiene un alcance nacional, pero ha golpeado con fuerza a la región Caribe. En Barranquilla, la Superintendencia confirmó la cancelación, en primera instancia, de las licencias de Atenas Seguridad Privada Ltda y Maximus Seguridad Privada Ltda.
La entidad precisó que, además de estas 31 suspensiones, se encuentran en curso investigaciones contra ocho empresas más, las cuales recibirán sanciones en los próximos días conforme avance el debido proceso.
Los hallazgos de la Supervigilancia son graves. Las investigaciones judiciales han permitido detectar que armas autorizadas para el servicio de vigilancia han sido vinculadas a hechos delictivos y que parte del personal contratado tiene nexos directos con bandas criminales. Estas prácticas estarían siendo utilizadas para el lavado de activos y otras economías ilegales.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Superintendencia ha implementado un nuevo modelo de control basado en:
- Analítica de datos: Para detectar comportamientos inusuales en la contratación y movilidad de personal y armas.
- Articulación interinstitucional: Cruce de información con Fiscalía y Policía para identificar vínculos criminales.
- Rigurosidad sancionatoria: Aplicar el peso institucional máximo a quienes utilicen el servicio de seguridad como vehículo para el crimen.
«Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad», concluyó el superintendente, enviando un mensaje claro a los empresarios del sector: la vigilancia será permanente y no se tolerará que una licencia legal se convierta en una patente de corso para el delito.
