Casi la mitad del consumo en el departamento sería ilegal; autoridades refuerzan controles ante el aumento del fenómeno.
El contrabando de cigarrillos continúa posicionándose como una de las principales amenazas para las finanzas de los departamentos en Colombia, y el Atlántico no es la excepción.
Un estudio reciente de la Federación Nacional de Departamentos, elaborado junto a Invamer, reveló que esta práctica ilegal representa cerca del 48 % del consumo en el territorio, lo que significa que casi uno de cada dos cigarrillos comercializados ingresa de manera irregular.
A nivel nacional, la incidencia del mercado ilegal alcanzó el 38 % en 2025, la cifra más alta registrada en más de una década, generando pérdidas cercanas a $1,1 billones en el recaudo del impuesto al consumo. Estos recursos, según la normativa vigente, están destinados principalmente a financiar sectores clave como la salud —especialmente el régimen subsidiado— y el deporte en las regiones.
El informe también advierte que el Caribe colombiano concentra los niveles más altos de contrabando, con departamentos como La Guajira, Cesar y Magdalena registrando porcentajes alarmantes. En este contexto, el Atlántico se ha convertido en un punto estratégico para estas redes ilegales debido a su conexión con otras zonas de la región.
Las autoridades departamentales han alertado que detrás de este negocio no solo hay contrabando, sino estructuras criminales que también estarían vinculadas con otros delitos como el narcotráfico y el lavado de activos. Además, se identificó que gran parte de los cigarrillos ilegales provienen de países como Estados Unidos, Uruguay y Corea del Sur, con marcas que han ganado terreno en el mercado informal.
Frente a esta situación, la Gobernación del Atlántico, en conjunto con distintas entidades, ha fortalecido operativos de control e incautación mediante un comité interinstitucional que integra a la Fuerza Pública y organismos de investigación. Sin embargo, el impacto económico sigue siendo significativo: se estima que el departamento deja de percibir entre $3 mil y $3.500 millones mensuales, recursos que podrían destinarse a cubrir necesidades esenciales como el sistema de salud.
Las autoridades insisten en la necesidad de intensificar las acciones contra este delito y fomentar la conciencia ciudadana, ya que el consumo de productos de contrabando no solo afecta la economía legal, sino que también contribuye al fortalecimiento de redes criminales en el país.
