Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO Abogado, criminólogo y escritor
Donald Trump prometió en campaña no intervenir en los asuntos internos de otros países, pero esa promesa terminó convertida en una falacia política. Su actuación frente a Venezuela fue interpretada por diversos analistas como la expresión de una visión imperial e intervencionista. El secuestro del presidente Nicolás Maduro, la incursión en territorio venezolano y su posterior traslado forzado a Estados Unidos habrían constituido, no solo un crimen internacional, sino también un montaje mediático de gran escala. No buscaba justicia; aspiraba al espectáculo. Pretendía transformar la captura de un jefe de Estado extranjero en un show planetario, transmitido en tiempo real por redes, con el objetivo de convertirse en el centro de atención mundial. En el fondo, lo que estaba en disputa eran el petróleo, los minerales estratégicos y las tierras raras venezolanas.
La narrativa del narcotráfico fue utilizada como pretexto para montar una operación psicológica contra Maduro, basada en su supuesta vinculación con el llamado “Cartel de los Soles”, carente de sustento probatorio. Se trata de un artificio discursivo sin evidencia fehaciente ni concluyente. Desde una perspectiva analítica, sostengo de manera categórica que dicha organización criminal no existe. El señalamiento no obedece a una investigación rigurosa, sino a una estrategia de deslegitimación diseñada en los centros de influencia de Washington.
Es ingenuo e irresponsable sostener que la salida abrupta del jefe del gobierno venezolano resolvería automáticamente el colapso productivo y financiero. Esa tesis, repetida con ligereza por sectores de la oposición, evade deliberadamente la magnitud del daño estructural provocado por años de embargos y asfixia financiera. Pretender que un simple relevo en la cúpula del poder baste para revertir semejante devastación evidencia una profunda desconexión con la realidad del país. El mandato encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez estaría obligado, antes que nada, a recomponer las relaciones internacionales, desmontar la administración beligerante heredada, avanzar en la liberación paulatina de los presos políticos y reconstruir infraestructuras críticas deterioradas.
América Latina y el Caribe se encuentran ante una disyuntiva histórica: avanzar hacia una unificación regional real y operativa o seguir siendo territorios disponibles para la intervención, la subordinación y el expolio. Es fundamental construir acuerdos firmes de integración económica, tecnológica y de defensa, dejando atrás disputas ideológicas menores que solo sirven a intereses externos. En este marco, el desarrollo de capacidades militares regionales, incluida la producción propia de drones y la adquisición coordinada de un paquete aéreo moderno, es una necesidad de supervivencia estratégica frente a las nuevas formas de guerra híbrida y asimétrica. Por ello, cualquier acción hostil de un país extrarregional contra un Estado latinoamericano debería activar una respuesta colectiva inmediata. La ausencia de esa voluntad común constituye una debilidad estructural que condena a la región a la vulneración permanente de su soberanía.
Trump convirtió el negocio ilícito de estupefacientes en una coartada para justificar invasiones, amenazas, dominación y operaciones encubiertas en América Latina. Sin embargo, el fenómeno social no es un problema latinoamericano: es una industria global sostenida por el consumo masivo, el lavado de dinero y la complicidad financiera.
La hipocresía alcanza su punto máximo con el indulto concedido por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por EE. UU. a 45 años de prisión por delitos de corrupción, conspiración y facilitación del tráfico de drogas. El propio Departamento de Justicia estadounidense documentó que el narco facilitó el comercio de más de 400 toneladas de cocaína. Aun así, fue perdonado. ¿La razón? Sus viejas amistades, su cercanía con sectores republicanos y la intermediación de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio. Esta decisión desnuda la farsa de la llamada “guerra contra las drogas”: no se combate el crimen, se administra según conveniencias.
En definitiva, el programa antidrogas de Trump no fue una cruzada moral ni un esfuerzo por la justicia internacional, sino una herramienta de presión, chantaje y control. Conociendo desde lejos el talante del mandatario norteamericano, el retorno de Maduro solo sería posible mediante el compromiso previo y explícito de China y la Federación Rusa.
