Analistas advierten posibles impactos sobre inversión y crecimiento económico
El Gobierno nacional anunció que espera recaudar 11,1 billones de pesos adicionales durante 2026 a través de un paquete de nuevos impuestos incluidos en el decreto de emergencia económica y social, con el objetivo de equilibrar las finanzas públicas luego de que el Congreso no aprobara la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que estas medidas entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2026 y que los recursos permitirán cubrir el déficit fiscal generado por el rechazo de la propuesta original, la cual buscaba recaudar cerca de 16,3 billones de pesos. Ávila detalló que la meta de 11,1 billones será alcanzada con una combinación de gravámenes dirigidos a sectores de mayores ingresos y actividades económicas específicas.
Entre los principales nuevos impuestos contemplados figuran ajustes al impuesto al patrimonio, con una reducción del umbral para que más personas y bienes queden gravados y una estructura progresiva de tarifas que aportaría aproximadamente 1,7 billones de pesos. Otro componente clave es la sobretasa al sector financiero, que eleva del 5 % al 15 % la sobretasa en el impuesto de renta de las entidades bancarias, generando ingresos estimados en 1,2 billones de pesos.
Además, el Gobierno impulsará la normalización tributaria sobre patrimonios no declarados en el exterior, que aplicará una tarifa del 19 % y se espera que aporte más de 600.000 millones de pesos. En conjunto con estos ajustes, también se implementarán aumentos en el IVA y en impuestos selectivos al consumo, afectando productos como licores y juegos de azar para ampliar la base tributaria.
Según Ávila, la estrategia gravará principalmente a quienes tienen mayores capacidades económicas y no debería afectar de manera directa a los hogares de menores ingresos ni a los bienes de primera necesidad. El portafolio de medidas está orientado a distribuir la carga fiscal de forma más equitativa mientras se conserva la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La administración sostiene que con estos impuestos será posible garantizar recursos para financiar prioridades sociales como educación, salud pública y empleo, sin depender exclusivamente del endeudamiento. No obstante, analistas económicos han advertido que la introducción de nuevos gravámenes podría tener efectos secundarios en la actividad económica, incluyendo impactos potenciales sobre la inversión, la competitividad y la formalidad laboral.
El paquete de impuestos forma parte del marco de la emergencia económica y social, una figura que faculta al Gobierno a emitir normas con fuerza de ley para enfrentar situaciones fiscales excepcionales, lo que ha generado un intenso debate político sobre su legitimidad y alcance.
