Advierte que la medida del Ejecutivo podría afectar derechos y el equilibrio de poderes.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó que la Corte Constitucional continúe en vacancia judicial luego de que el presidente Gustavo Petro expidiera el decreto que declara la emergencia económica y social, una medida que otorga al Ejecutivo amplias facultades para legislar sin control previo del Congreso.
Uribe expresó su preocupación por el hecho de que el alto tribunal no ejerza de manera inmediata el control automático de constitucionalidad que exige la Carta Política para los estados de excepción. A su juicio, la ausencia temporal de ese examen deja al país en un escenario de debilidad institucional, en el que el Gobierno puede adoptar decisiones de gran impacto económico y tributario sin una supervisión judicial efectiva.
La Corte Constitucional informó que la revisión del decreto se realizará una vez concluya el periodo de vacancia, previsto para mediados de enero, conforme a su calendario judicial. Sin embargo, esta explicación no convenció al exmandatario, quien consideró que la coyuntura amerita una actuación extraordinaria del tribunal, dada la magnitud de las facultades otorgadas al Ejecutivo.
En ese contexto, Uribe respaldó acciones jurídicas promovidas desde el Centro Democrático para frenar los efectos del decreto mientras se produce el pronunciamiento de la Corte. Los recursos argumentan que permitir la vigencia de la emergencia sin control inmediato altera el equilibrio de poderes y vulnera los principios constitucionales que regulan los estados de excepción.
El cuestionamiento del exmandatario se suma a las críticas de otros sectores políticos, gremiales y académicos que han puesto en duda la existencia de hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria de emergencia económica. Estos sectores sostienen que los problemas fiscales del país eran previsibles y que la figura excepcional estaría siendo utilizada para suplir la falta de consensos en el Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno defiende la legalidad del decreto y sostiene que la medida es necesaria para enfrentar un escenario fiscal complejo y garantizar la estabilidad económica. El debate continúa abierto a la espera de que la Corte Constitucional retome sus funciones y se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia, en medio de un clima de creciente tensión institucional.
