El alto tribunal no sesionará durante el receso de fin de año y retomará el control automático del estado de excepción en enero
La Corte Constitucional de Colombia confirmó que no adelantará durante el período de vacancia judicial el estudio del decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social, lo que implica que la revisión de constitucionalidad de la medida se iniciará una vez se reanuden formalmente las actividades judiciales en enero.
El pronunciamiento se da luego de que el Ejecutivo expidiera el decreto en los últimos días de diciembre, cuando ya estaba vigente la vacancia judicial que rige para toda la Rama Judicial. De acuerdo con la normativa que regula este receso, los despachos suspenden términos y no realizan actuaciones ordinarias, salvo aquellas estrictamente urgentes, condición que la mayoría de magistrados consideró no aplicable para convocar una sala plena extraordinaria.
Desde la Corte se explicó que el control constitucional de los estados de excepción es automático y obligatorio, pero que su trámite debe respetar los tiempos y reglas institucionales. En ese sentido, el alto tribunal señaló que asumirá el estudio del decreto declarativo de la emergencia económica, así como de los decretos que se expidan en su desarrollo, una vez finalice el período de vacancia y se restablezca la actividad judicial plena.
La decisión generó reacciones en distintos sectores políticos, académicos y gremiales que habían solicitado una revisión inmediata, argumentando la trascendencia de las facultades extraordinarias que adquiere el Gobierno bajo un estado de excepción. No obstante, la Corte recordó que existen precedentes en los que el análisis constitucional de medidas similares se realizó una vez concluidos los recesos judiciales, sin que ello afectara la validez del control posterior.
Mientras tanto, el decreto de emergencia económica permanece vigente y el Ejecutivo conserva la facultad de expedir normas con fuerza de ley para enfrentar la situación que motivó la declaratoria. Estas medidas, sin embargo, quedarán sujetas al escrutinio constitucional que se adelantará en enero, cuando la Corte retome sus sesiones ordinarias.
El aplazamiento del estudio mantiene en suspenso el debate jurídico sobre la legalidad y necesidad de la emergencia económica, un tema que continúa generando amplio rechazo y cuestionamientos en diversos sectores del país, a la espera de un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal constitucional.
