La administración nacional activó canales humanitarios y judiciales para asegurar la liberación de los soldados.
El Ministerio de Defensa interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación tras la retención de 18 soldados del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, durante el desarrollo de operaciones militares contra estructuras del ELN. Según información oficial, los uniformados fueron rodeados por un numeroso grupo de civiles que les impidió continuar su desplazamiento y los trasladó a un resguardo indígena, restringiendo su movilidad durante varias horas.
Desde el Gobierno se afirmó que, más allá de las diferencias de interpretación que puedan existir en la zona, los hechos constituyen una presunta privación de la libertad de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, por lo que se solicitó a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades penales. El Ministerio de Defensa rechazó de manera categórica este tipo de acciones y recordó que las Fuerzas Militares cumplen una misión constitucional orientada a la protección de la población civil y la seguridad del territorio.
Paralelamente, se activaron mecanismos de diálogo con autoridades locales, líderes comunitarios y entidades de derechos humanos para lograr una solución pacífica, garantizar la integridad física de los soldados y evitar que este tipo de situaciones se repitan en zonas donde confluyen operaciones militares, comunidades étnicas y presencia de grupos armados ilegales.
