La medida emplea glifosato de manera focalizada para reducir riesgos ambientales y garantizar seguridad de la población.
El Ministerio de Justicia y del Derecho anunció que iniciará la fumigación de cultivos ilícitos de hoja de coca mediante drones equipados con glifosato en 17 municipios del departamento del Cauca, como parte de una estrategia focalizada para combatir los cultivos forzados por grupos armados ilegales. La medida fue confirmada por el ministro encargado, Andrés Idárraga, tras la aprobación técnica de la operación por el comité interinstitucional encargado de supervisar la erradicación.
Los municipios priorizados son Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, López de Micay, Mercaderes, Morales, Patía, Piamonte, Suárez, Sucre y Timbiquí, donde se identificaron 8.647 hectáreas de cultivos de hoja de coca que serán intervenidas. Según el Ministerio, la fumigación se aplicará solo en zonas donde las comunidades son presionadas para cultivar coca, evitando áreas con procesos voluntarios de sustitución o presencia de pueblos étnicos.
A diferencia de las aspersiones aéreas tradicionales, suspendidas en 2015 por sus riesgos ambientales y de salud, la estrategia de drones permitirá fumigar a baja altura, con un máximo de 1,5 metros sobre las plantas, buscando minimizar la dispersión del herbicida y proteger cultivos lícitos, fuentes de agua y ecosistemas sensibles. Cada dron puede cubrir aproximadamente una hectárea cada 30 minutos, operando bajo control visual directo y en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y autoridades ambientales como la ANLA.
El uso de drones también busca reducir riesgos para la fuerza pública y las comunidades rurales, al permitir un despliegue más preciso y seguro en zonas de difícil acceso. Esta iniciativa se suma a los programas de erradicación manual y sustitución voluntaria, reforzando una estrategia integral para frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país.
El ministro Idárraga destacó que la intervención es parte de los esfuerzos del Gobierno para controlar los cultivos ilícitos, proteger a las comunidades rurales de la coacción de grupos armados y garantizar que la erradicación se realice de manera segura, controlada y con respeto al medio ambiente. La medida representa un paso tecnológico en las estrategias de erradicación, combinando eficacia y seguridad en la lucha contra la producción ilegal de coca.
