Mientras la universidad desmiente investigaciones en su contra, la Fundación Acosta Bendek mantiene sus señalamientos y pide intervención de las autoridades.
La controversia en torno a la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) se intensificó tras la difusión de versiones contradictorias sobre presuntas irregularidades administrativas y un posible desfalco millonario.
Por un lado, el Consejo Directivo de la institución negó de manera enfática que exista una compulsa de copias por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), como lo aseguró la Fundación Acosta Bendek (FAB) días atrás. Según la universidad, la actuación del Ministerio se limitó a trasladar a la Fiscalía una solicitud presentada por dicha fundación, sin que esto implique la apertura de investigaciones formales.
De acuerdo con el comunicado institucional, la información divulgada por la FAB estaría basada en datos “imprecisos” y “carentes de veracidad”. En ese sentido, los directivos sostienen que no se han presentado pruebas concretas sobre hechos de corrupción o desfalco, y que las denuncias responden a cuestionamientos generales sobre decisiones del Consejo Directivo.
“No hay compulsa del Ministerio, solo un traslado”, indicó la universidad al citar la respuesta oficial del MEN, en la que se aclara que la evaluación de los hechos corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.
Además, la institución anunció que emprenderá acciones legales contra Ivonne Acosta Acero, a quien señala como responsable de difundir información que, según su versión, busca generar confusión y afectar la imagen de la universidad.
En contraste, la Fundación Acosta Bendek insiste en sus denuncias y sostiene que el Ministerio sí remitió información a la Fiscalía para investigar a miembros de la actual dirección universitaria por posibles delitos relacionados con corrupción, manejo indebido de recursos y un presunto desfalco que superaría los 40.000 millones de pesos.
La organización también ha señalado la existencia de antecedentes judiciales que, a su juicio, respaldan la necesidad de una intervención más profunda, incluyendo procesos relacionados con presunto tráfico de influencias y otras conductas irregulares en el manejo institucional.
Ante este escenario, el caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si existen méritos para avanzar en una investigación penal o si los señalamientos no configuran conductas punibles.
Mientras tanto, la situación mantiene en incertidumbre a la comunidad académica, en medio de un conflicto que refleja tensiones internas y diferencias profundas sobre la gestión y el rumbo de la institución.
